El pasado viernes 9 de agosto la Sala Constitucional de Costa rica falló a favor de dos ciudadanos al dictaminar que no es requisito tener un título o haber cursado estudios para ejercer el periodismo.
Como es bien sabido, el régimen de La Habana restringe dentro de las fronteras nacionales las libertades de opinión y de expresión, derechos inalienables recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es firmante.
En los últimos meses han sido noticias un sinnúmero de arbitrariedades y vejaciones que los órganos de represión de la dictadura y algunas de sus instituciones han cometido contra los periodistas independientes; detenciones arbitrarias, llamadas telefónicas, visitas a domicilio, y amenazas de muerte, como en el caso del Director de La Hora de Cuba, Henry Constantín Ferreiro, por el único hecho de informar al pueblo cubano y al mundo, todo esto sin importar si los periodistas poseen un título o no.
El caso más fuerte es el de Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien el 7 de agosto último fue sancionado a un año de prisión por el Tribunal Municipal de Guantánamo por ejercer el periodismo, pero como es una práctica acostumbrada por la dictadura le fabricaron el delito resistencia y desobediencia.
Roberto fue arrestado el día 22 de abril de este año mientras intentaba cubrir el juicio donde un matrimonio de pastores evangélicos fue condenado a injusta prisión por insistir en educar a sus hijos en la casa. Se hace necesario añadir que Quiñones fue golpeado por la policía durante la detención.
Para no perder del radar, tenemos el caso de Henry Constantín Ferreiro, quien fue acusado en 2017 de “Usurpación de Capacidad Legal” bajo el amparo del Artículo 167 de Código Penal, el cual tipifica al periodismo independiente como “Ejercicio Fraudulento de Funciones Públicas”.
La “Usurpación de Capacidad Legal” según el Código Penal, es aplicable a la persona que realice “actos propios de una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habilitado”, y se sanciona con “privación de libertad de tres a nueve meses o multa de cien a doscientas setenta cuotas o ambas”.
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Constantín Ferreiro es también vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Como si fuera poco, el siete de mayo de este año el Tribunal Supremo Popular de Cuba publicó en su página web el texto de la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, conocida como Ley Mordaza, la cual fue responsable de los sucesos de la Primavera Negra en 2003, donde 27 de los 75 apresados eran periodistas independientes.
Aprobada en 1999, la Ley 88 platea en su Artículo 1 que: “Esta Ley tiene como finalidad tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar, o colaborar con los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado Socialista y la independencia de Cuba”.
Con todo esto no es de extrañar que el presente año Reporteros Sin Fronteras ubicara a Cuba, en su Clasificación Mundial para 2019, en el puesto 12 de la lista negra, el 169 en el mundo, y el número uno en América Latina, este último por vigésimo segundo año consecutivo.
Ahora podemos volver al fallo de la Sala Constitucional de Costa Rica, el cual se dio de forma unánime, o podemos mirar hacia las nuevas formas de hacer periodismo que van más allá del tradicional: el periodismo ciudadano y el periodismo participativo. El primero de estos dos se da cuando los medios de comunicación invitan a la población a compartir con audio, fotos o videos, los hechos relevantes que ocurren en su entorno. El segundo es el que surge a partir de la web 2.0, donde el ciudadano crea sus propios medios, ya sea en redes sociales o en los conocidos blogs.
