Las autoridades del régimen multaron con 8 000 pesos, unos 320 dólares al cambio oficial, al cuentapropista de la barbería Los Amigos, en el Vedado habanero, por aumentar el costo de sus servicios y cobrar por encima de lo establecido en la política de precios topados que acompaña al proceso de pretendido ordenamiento monetario y cambiario.
El barbero, que trabaja en una unidad arrendada de propiedad estatal, cobraba a 50 pesos el pelado cuando el precio establecido es de 25. La multa fue impuesta a tono con lo establecido en el Decreto Ley 30, según refiere el oficialista Tribuna de La Habana.
Dicho medio reportó que los supervisores de la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC) de la capital imponen multas entre 5 000 y 15 000 pesos a ciudadanos que cometen ilegalidades relacionadas con la puesta en marcha del ordenamiento.
Los funcionarios recorren a diario diferentes establecimientos de los 15 municipios de la ciudad y entre sus principales tareas están la detección de violaciones de precios, la identificación y procesamiento de irregularidades en la venta de productos, y la comprobación del cumplimiento de las normas sanitarias para contrarrestar la propagación de la COVID-19.
En uno de esos recorridos por el municipio Plaza de la Revolución, además del barbero, fueron multados otros cuentapropistas por violaciones de precios en una cafetería y una fregadora de vehículos.
Lea también
“Cada vez que nos presentamos existen violaciones del decreto Ley 30, donde enfrentamos irregularidades en los precios y otras transgresiones, tanto en los centros laborales como en los de cuentapropistas. Con el tema del aislamiento también hemos exigido el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias”, afirmó ante el referido medio la directora provincial de la DISC en La Habana, Grisel Oliveras Rojas.
El ordenamiento monetario, en conjunción con la aguda escasez de alimentos y bienes de primera necesidad que padece la isla desde el pasado año, ha provocado un crecimiento de la inflación en Cuba.
Para intentar controlarla el régimen ha regulado los precios por decreto y multa a aquellos que violen los topes establecidos, siendo los trabajadores por cuenta propia los más afectados.
Estos no cuentan con un mercado mayorista eficiente al que acudir para abastecerse y operar. Los insumos que necesitan también han subido de precio y, según aducen muchos, si venden a los precios pretendidos por las autoridades no tendrían un margen rentable de ganancia.
