Desde que fuera anunciada la llamada Tarea Ordenamiento el régimen ha dado una significativa relevancia en sus medios de comunicación y propaganda al tema de la subida de precios por parte de los cuentapropistas. La verdad de este asunto, es que la guerra contra este sector de la economía comenzó hace ya algunos meses, y más que impedir que suban los precios, pretenden que los bajen de donde los tenían.
Este 9 de enero el oficialista periódico Granma volvió sobre al asunto, como si se tratara de una cita obligada, pero nada de hacer mención sobre los altos precios de los servicios y productos que ofrece el castrismo, y mucho menos sobre los que ostentan las tiendas en moneda libremente convertible (MLC).
Como parte de esta especie de casería de brujas emprendida contra los trabajadores por cuenta propia, el régimen decidió volver sobre el viejo método de topar los precios, pasando por alto la dinámica del mercado de oferta y demanda, y para hacer cumplir esto ha recurrido a acciones que van desde multas hasta retiro de las licencias, pasando por el decomiso de las mercancías, como bien señala Granma en su texto titulado "¿Qué acciones legales pueden tomarse contra los especuladores?".
"En las dos últimas semanas, la mayoría de los gobiernos municipales ha estado difundiendo, en todas las plataformas a su alcance, los nuevos listados de precios aprobados en el marco de la Tarea Ordenamiento", escribió el mencionado periódico, y agrega que, "así ha sucedido con actividades relacionadas con la gastronomía, el transporte de pasajeros o la comercialización de productos del agro".
Lea también
Explica Granma, que el tope de precios es una medida "que pretende evitar una inflación desmedida", pero lo cierto detrás de esto es que el régimen no tiene capacidad para cubrir la demanda y está tratando de hacer que los cuentapropistas funcionen según su lógica y de acuerdo a sus intereses, como si en lugar de un sector privado fueran parte de alguna empresa estatal.
El régimen mantiene su retórica de que la crisis que vive el país hace más de dos años es culpa del gobierno estadounidense, el cual le impuso algunas sanciones a empresas militares y funcionarios que le impiden recuperar la economía, pero, ¿acaso no es esto lo que está haciendo la administración de Miguel Díaz-Canel ahora mismo con los cuentapropistas?
Esta serie de acciones y amenazas solo puede llevar a que la mayoría de los negocios privados quiebren, o cierren como única manera de defenderse, y al final el único perjudicado será el pueblo.
Según Granma, la preocupación del castrismo reside en que su nuevo aumento salarial sirva para que los cubanos puedan comer, y de ahí su batalla para tratar de que la inflación se mantenga entre los límites que se han calculado, pero esto solo se puede resolver con menos represión y más oferta, y más oferta solo se logra produciendo, algo en lo que el régimen nunca ha sido bueno.
