Las acciones del régimen contra los trabajadores privados siguen estando a la orden del día, como parte de las medidas económicas que componen la llamada "Tarea Ordenamiento".
Ante la profunda crisis que vive el país, la administración de Miguel Díaz-Canel ha incrementado los precios de la mayoría de productos y servicios estatales, pero al mismo tiempo ha continuado persiguiendo a los cuentapropistas para que estos no hagan lo mismo.
Este 7 de enero, como parte de esta especie de cacería de brujas que también incluye el plano mediático, el oficialista periódico Granma publicó un artículo en su página web que trata sobre este tema, y en él se destaca el decomiso de 240 libras de cerdos a cuentapropistas cubanos, valoradas en 5470 pesos.
"Con la COVID-19 en acecho, un amplio grupo de comerciantes pillos, ha elevado los precios de productos del agro y artículos diversos", escribió el periódico Granma y agregó que, "frente a ello, la población clama por frenar los desatinos de aquellos que solo piensan en el bolsillo propio", y si no estuviera hablando de los trabajadores por cuenta propia, cualquiera pudiera creer que está refiriéndose al régimen y sus nuevos precios, o los precios que ostentan las tiendas en moneda libremente convertible (MLC).
Señala Granma que el conjunto de acciones que desde octubre emprende el régimen contra este sector, busca "cercenar los desmanes que laceran, sobre todo, a los compatriotas de más bajos ingresos".
Explica además, que estas medidas pretenden evitar el lucro, manteniendo la vieja retórica de que Cuba es un país socialista y que el enriquecimiento no va a ser permitido nunca, pero ¿cómo se puede permitir que existan cuentapropista y al mismo tiempo esperar que estos no acumulen las ganancias de su trabajo?
Según Granma, estas acciones en Holguín han terminado con varios sancionados, incluso con el retiro de las licencias de muchos de ellos, sobre todo de aquellos que se dedicaban a la venta de productos agrícolas, como en el caso de un trabajador de un punto de venta de la CCS Manuel Angulo, que operaba en la zona de El Coco, en las cercanías de la capital provincial, al que se le confiscaron todos sus productos, y se le prohibió la posibilidad de volver a ejercer esta actividad económica.
Asimismo refiere el mencionado periódico, "que recientemente, en solo 48 horas, (agentes de la Policía Nacional Revolucionaria) enfrentaron 111 casos relacionados con el incremento desmedido de los precios".
Al respecto explica que "esas personas tenían en su poder 4,5 toneladas de productos agrícolas y otras mercancías, entre ellas café y pienso. Como era de esperar, algunos de los violadores no pudieron justificar la procedencia de lo que ofertaban", pero los que sí pudieron justificarla, también fueron sancionados.
