El estado de salud de la ciudadana estadounidense Alina López Miyares, apresada desde hace cerca de tres años en Cuba, donde fue acusada por el supuesto delito de espiar en favor de Washington y condenada a 13 años de prisión, se deteriora progresivamente sin que ninguno de los dos gobiernos dé pasos en favor de un mejoramiento de su situación.
Sus afecciones empeoran y requiere medicinas y cuidados médicos adicionales, comentó a ADN Cuba su abogado estadounidense, Jason I. Poblete, quien esta semana urgió al Departamento de Estado y a su contraparte cubana, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), a interesarse más por el caso de López Miyares.
No sería oportuno o acertado para ninguno de los dos gobiernos que una ciudadana de Estados Unidos muera en Cuba como consecuencia de negligencias de ambos, dijo Poblete que manifestó ante las referidas entidades gubernamentales.
Asesor principal de la Alianza para la Libertad Global (GLA, por sus siglas en inglés), organización dedicada a fortalecer el estado de derecho y avanzar en la causa de la justicia mundial, Poblete refirió que también está comunicando sus preocupaciones en torno al caso de López Miyares a varios congresistas de la nación norteña.
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En su último mensaje al Minrex, el abogado pidió que el gobierno de la isla aparte la política del caso de su representada y permita que ésta reciba asistencia consular y sea visitada por él, algo a lo que el régimen se ha negado en varias ocasiones.
López Miyares ha sido amenazada por el Minint u otros funcionarios de seguridad para que no hable conmigo de nuevo, lo cual es absurdo y pone aún más su vida en riesgo, denunció Poblete ante el Minrex, según detalló en comunicación con esta revista. “Sólo estamos buscando una salida humanitaria para este asunto”, agregó.
Sentenciada en 2017 por un tribunal militar de la isla, López Miyares ha sido violentada por el régimen en el respeto a las garantías mínimas que le concede el reglamento de cárceles y prisiones. La negativa a concederle el apoyo consular que reclama también ha sido una constante.
En junio, Poblete dijo a Radio Televisión Martí que “de acuerdo a la sentencia del tribunal que la juzgó, hemos palpado la severidad del fallo judicial en el cumplimiento de la sanción que se le impuso”.
“Por una parte, no ha recibido los beneficios que reciben los sancionados por la jurisdicción militar en sus centros penitenciarios, que son diferentes a las prisiones civiles, y por otro lado no le han permitido recibir la asesoría jurídica y consular que le corresponde por ser ciudadana norteamericana al momento de los supuestos hechos, como está estipulado en el artículo 64 del Reglamento del Sistema Penitenciario del Ministerio Interior”, explicó.
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Cuba no reconoce la doble ciudadanía y considera a cualquier persona nacida en la isla como ciudadano cubano cuando entra en el territorio nacional.
López Miyares nació en Cuba y llegó a los Estados Unidos con sus familiares en 1969 cuando era niña. Se convirtió en ciudadana estadounidense por naturalización. Trabajó como maestra en escuelas públicas de Nueva York y a fines de la década de 1990 se mudó a Miami.
Conoció a su pareja durante un viaje a Nueva York, a principios de la década de 2000, pero se desconocen los detalles, precisó Radio Televisión Martí en un reporte al respecto. En 2017, durante un viaje que hizo a Cuba para encontrarse con su esposo, Félix Martín Milanés Fajardo, un exdiplomático de La Habana ante Naciones Unidas, López Miyares fue arrestada y juzgada junto a éste por supuestamente trabajar para los servicios de inteligencia de Washington.
Además de Poblete -reconocido por su defensa de estadounidenses detenidos ilegalmente en países como Cuba, Irán y Venezuela-, familiares de la reclusa, entre ellos su madre de 92 años, que teme no poder volver a verla libre, han pedido ayuda a funcionarios estadounidenses y cubanos.
“El asunto se ha abordado a través del Departamento de Estado con las autoridades cubanas. Y creo que es esencial que ambos países continúen hablando, intentando buscar la solución porque Alina no estaba espiando”, destacó Poblete.
“Mi opinión es que ella no es una presa política, ella es más un rehén, no se ha involucrado nunca en la política. Simplemente ella tuvo una relación con un personaje con un historial”. Pretenden utilizarla como “arma política”, analizó el abogado en las referidas declaraciones a Radio Televisión Martí.
