Un cubanoamericano que viajó a la central provincia de Ciego de Ávila será procesado por el delito de propagación de epidemia al no guardar los 10 días de aislamiento requeridos por las autoridades.
Según los medios estatales, el cubanoamericano salió a dos restaurantes de la capital provincial antes de cumplir con la cuarentena. Poco después se descubrió que era positivo al COVID-19 y 10 personas han sido internadas para evitar la propagación de la pandemia.
El artículo 187 del Código Penal de Cuba establece multas de más de 100 pesos (4 dólares) a cárcel de tres meses a un año, o ambas, a quien “infrinja las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes para la prevención y control de las enfermedades transmisibles y los programas o campañas para el control o erradicación de enfermedades o epidemias de carácter grave o peligrosas”.
El cubanoamericano aún no ha sido condenado por ningún tribunal, pero será enjuiciado antes de salir de la isla, dijeron fuentes familiarizadas con el proceso a el Nuevo Herald. El hombre reside en Texas, uno de los estados con mayor presencia de cubanos después de la Florida.
Los viajeros que lleguen a Cuba deben “reportarse” al policlínico más cercano a su vivienda dentro de las primeras 48 horas de su llegada. El gobierno ha encargado a grupos de control social como los Comité de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas que fiscalicen la cuarentena de los turistas junto a los médicos y enfermeros del área.
Cuba permaneció ocho meses aislada del mundo con sus aeropuertos y marinas cerradas para evitar la propagación del coronavirus, que ha dejado 133 muertos.
Varios vacacionistas rusos llegaron entonces a Cayo Coco, polo turístico ubicado al sur de la central provincia, y fueron detectados con el virus. El reporte los ubicaba en el municipio Morón, donde está el laboratorio que revisa las pruebas de los viajeros extranjeros que llegan a la provincia.
Hay muchas dudas sobre la transparencia del castrismo con los datos que brinda sobre el coronavirus. Entre el secretismo propio del sistema, y el miedo a espantar a los turistas y sembrar alarma en la población, se sospecha que el régimen termina adulterando algunos datos de interés, como la procedencia real de los casos.
Mientras tanto, el aeropuerto internacional José Martí de La Habana reinició operaciones el 15 de noviembre, lo que aliviaría la situación económica del país al permitir la entrada de turistas por la principal vía de acceso a Cuba, pero impondrá una carga para el sistema sanitario de la isla.
Según lo dispuesto por las autoridades de Salud Pública, a partir de esta fecha, “se ha previsto el cobro de una tarifa sanitaria, con el objetivo de cubrir los costos de los protocolos implementados”. No esclarecen el monto de la mencionada tarifa adicional, impuesta a cada viajero.
En su búsqueda de dólares y otras divisas fuertes, el régimen se vende como “un destino seguro, cuyos resultados en materia de enfrentamiento a la pandemia son reconocidos a nivel internacional”.
