Los diplomáticos del régimen cubano negaron este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que haya torturado al líder opositor, José Daniel Ferrer, en su última prisión.
La respuesta de los voceros castristas se dio luego de que la ONG Ingenieros del Mundo mencionara presuntas torturas cometidas contra el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), mientras estuvo preso, sin juicio, de octubre de 2019 a abril de 2020.
A lo anterior, el régimen de La Habana se atrevió a decir que Ferrer estuvo en la cárcel "por delitos comunes".
La diplomática Lisandra Astiasarán instó a la entidad "a informarse antes de defender a delincuentes comunes, y recordó que su ejemplo citado corresponde al de una persona que se desacreditó a sí misma, al auto-flagelarse para después decir que la habían sometido a brutales torturas", añade el comunicado oficial del Minrex.
Además, esta organización señaló que Rusia, China y Cuba no cumplen con estándares en derechos humanos que avalen sus aspiraciones de ingresar al órgano de 47 Estados miembros.
Por supuesto, una vez más, la maquinaria del régimen acusó al gobierno estadounidense y a la Embajada de ese país en la isla, de estar detrás de estos "mensajes subversivos".
Este lunes, también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) consideró “inconcebible” que el régimen castrista pueda volver a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sin comprometerse “con ninguno de los documentos que conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos” ni con otros pactos de primer nivel.
“En relación con la postulación de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos es importante señalar la poca implicación jurídica vinculante del Estado cubano, tanto en el Derecho Internacional como en su ordenamiento jurídico interno”, indicó el organismo en un exhaustivo documento jurídico enviado a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Un ejemplo de ello son los Pactos Internacionales de 1966, el de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fueron firmados en 2008, “pero, transcurridos más de 12 años, el Estado cubano no ha procedido a ratificarlos, lo cual implicaría ajustar el ordenamiento interno a sus prerrogativas”, explica en un comunicado el OCDH.
Otros convenios no ratificados por La Habana son la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas, la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apátridas, la Convención Internacional de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares o el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En cuanto a la legislación nacional, el OCDH recuerda que la propia Constitución de la República de Cuba prima sobre los tratados internacionales. Además, señala la falta de independencia del poder judicial, supeditado al gobernante (y único) Partido Comunista, un código penal que establece “medidas predelictivas”, así como las leyes y decretos que limitan la libertad de opinión, expresión, reunión, manifestación y asociación.
