La organización no gubernamental (ONG) Artículo 19 consideró que la falta de libertades democráticas en Cuba, conjugada con la precariedad que sufre la población, dificulta sobremanera el escrutinio de la gestión gubernamental de la pandemia de coronavirus.
En un reciente informe especial sobre la libertad de expresión e información durante la pandemia de COVID-19 en México y Centroamérica, la organización concluyó que en el caso cubano, durante la contingencia sanitaria, se han incrementado “los niveles de riesgo a los que se enfrenta la prensa al hacer su trabajo” y se ha limitado “el acceso a información de interés público que necesita la población para decidir sobre su salud y su futuro”.
Bajo el objetivo de definir cuáles han sido las violencias, retos y obstáculos que viven la libertad de expresión y el derecho a la información en el marco de la pandemia por COVID-19 en países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba, Artículo 19 afirmó que en el caso de la mayor de las Antillas las restricciones impuestas por el régimen para gestionar la contingencia “solamente profundizan la aplicación de una legislación que vulnera por su mera vigencia la libertad de expresión”.
Como ejemplo la ONG citó el Decreto Ley 370, llamada Ley Azote por opositores y activistas en Cuba que han sido reprimidos –multados, detenidos o encarcelados- bajo su argumento legal.
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“Si bien el Estado cubano ha buscado por diversos medios ocultar la realidad que se vive al interior de la isla en lo que se refiere a la pobreza, la falta de acceso de la población a los servicios más elementales, la escasez de alimentos, las condiciones carcelarias, entre otros problemas, esta intención se ha reforzado con la pandemia, pues busca a toda costa no dar a conocer los casos que han resultado positivos ni las condiciones en las que se encuentran las personas sospechosas de estar infectadas”, explicó Artículo 19 en su informe.
El documento cita el caso de varios periodistas independientes que han sido reprimidos por el régimen durante la contingencia, con el objetivo de silenciarlos y forzar que la ciudadanía acceda mayoritariamente sólo a la versión oficial.
La carencia de cualquier tipo de libertad democrática (expresión, asociación e información) en Cuba, sostuvo la ONG, se traduce en una negación reiterada y sistemática del derecho a la información, colocando en mayor riesgo a la población.
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“Es preciso recordar que el control de la libertad de expresión en Cuba está enraizado en el artículo 5 de la Constitución, que caracteriza al Partido Comunista como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. El Comité Central del Partido Comunista Cubano, el gobierno cubano y su órgano rector, se atribuyen el derecho de considerar un intento de subversión y contra la independencia del país cualquier acción pacífica, incluyendo el ejercicio periodístico, que busque generar comunicación entre y para la ciudadanía, así como cualquier opinión disidente”, precisó Artículo 19.
En su análisis quedó claramente establecido cómo el gobierno unipartidista de la isla ha incluso aprovechado la contingencia para incrementar su represión habitual contra periodistas independientes y activistas.
Numerosos han sido los casos estos meses de periodistas multados, detenidos e interrogados por sencillamente proseguir su labor informativa en estos tiempos de pandemia, donde una información plural y contrastada es un enorme bien público, pero que a todas luces el régimen cubano no está dispuesto a conceder.
Fundada en 1987, Artículo 19 es una ONG internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información. Su nombre alude al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual proclama la libertad de expresión para todos los seres humanos.
