Cuba es el país de Latinoamérica donde más ataques a las libertades de prensa y expresión se registraron durante 2021, de acuerdo con el último informe dado a conocer este mes por la Red Voces del Sur.
En la isla, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) reportó 1129 agresiones a periodistas y medios, según recoge el Informe Sombra, en cuya elaboración participaron 16 organizaciones latinoamericanas defensoras de la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información.
En el 99% de las alertas de ataques contra la prensa en Cuba se identifica a las autoridades del Estado como responsables, registra el informe de Voces del Sur.
En 2021 hubo un aumento del 228% en reportes de agresiones con respecto al año 2020. El 66% de los 1129 ataques corresponde a detenciones arbitrarias, el 22% a restricciones de Internet y el 7% a ataques a individuos.
“Estas violaciones han sido documentadas, corroboradas y verificadas por la red de observadores que tiene Iclep dentro de la isla. Hemos contrastado y documentado información según nuestra metodología”, dijo el director de la institución, Normando Hernández, en declaraciones a Radio Televisión Martí.
“Hacemos nuestros propios informes, y de ellos se alimenta Voces del Sur para poder realizar sus Informes Sombra, elaborados con una metodología aprobada por las Naciones Unidas, de la cual también el Iclep se sirve, porque nuestra metodología está adaptada a los estándares internacionales (…). Nosotros somos la fuente fundamental dentro de Cuba para esta organización [Voces del Sur], porque somos miembros de ella desde hace dos años”, agregó Hernández.
De acuerdo con el documento, solo durante julio de 2021 “en el marco de protestas antigubernamentales, se dieron al menos 50 detenciones de personas periodistas y trabajadoras de medios”. Voces del Sur denuncia que la falta de garantías para la libertad de prensa y la persecución de las autoridades ha provocado “autocensura y exilio” en un número de comunicadores sin precedentes. Además, destaca que decenas de periodistas fueron sometidos en 2021, sin orden judicial, a prisión domiciliaria por largos períodos de tiempo.
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Otras organizaciones internacionales han señalado los ataques del gobierno cubano contra los periodistas de medios independientes del control del Partido Comunista.
Cuba, el país de América con menos libertad de prensa y octavo a nivel mundial, según el listado de 2022 de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Ubicada este año en el puesto 173, la isla bajó dos lugares con respecto a 2021, cuando se encontraba en el 171. “Las televisiones, radios y periódicos están estrechamente vigilados por el Estado, y la prensa privada sigue estando prohibida por la Constitución”, indica RSF.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha condenado la aprobación de un nuevo Código Penal, que entrará en vigor en diciembre, porque “podría dañar gravemente al periodismo independiente”.
La legislación prohíbe a los ciudadanos cubanos recibir fondos de organizaciones extranjeras, y podría usarse para silenciar a medios y periodistas independientes, que dependen de ese tipo de financiamiento para operar, como documentó el CPJ en un informe.
Específicamente el Artículo 143, incluido en el Capítulo V “Otros actos contra la seguridad del Estado”, establece una sanción de privación de libertad de cuatro a diez años para “quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
Ana Cristina Núñez, directora general de América Latina y el Caribe del CPJ, manifestó en un comunicado reciente: “Estamos alarmados por la aprobación del nuevo Código Penal de Cuba, que criminaliza aún más el trabajo de los periodistas independientes en la isla al prohibir el financiamiento extranjero y pone en grave riesgo su existencia y sostenibilidad”.
