Por Fernando Donate Ochoa
HOLGUÍN, Cuba – El 24 de marzo pasado, cuando Miguel escuchó en los medios que los residentes en Cuba no podrían salir del país hasta nuevo aviso por disposición del Gobierno para enfrentar la pandemia de COVID-19, presintió la quiebra de su próspero negocio.
Desde hacía seis años Miguel, que prefiere identificarse con ese seudónimo para evitar problemas con la ley cubana, viajaba a Guyana, Rusia, Panamá y Trinidad y Tobago para comprar electrodomésticos, ropa, zapatos y otras bisuterías que luego vendía en el mercado informal de Cuba.
Con el tiempo, Miguel había aprendido a sortear las trabas de la Aduana cubana, a vivir con el riesgo de sufrir el decomiso de su mercancía y a superar el sinfín de obstáculos propios de este negocio que está en una zona gris: entre lo legal y lo ilegal.
Importar un número limitado de productos es legal: hasta tres teléfonos móviles o dos computadores. Lo ilegal es venderlos en el país.
Pero nunca, desde que los cubanos pueden viajar fuera del país, se había enfrentado a algo como lo que ha desencadenado la pandemia de COVID-19: la desaparición de su oficio.
Por toda la Isla hay cientos de personas como Miguel: son importadores al por menor que viajan a países en los que los cubanos tienen facilidad para ingresar sin visado y allí compran productos que escasean en el país para después venderlos. Los hacen pasar en la Aduana como de uso personal.
Es muy difícil precisar el número exacto o aproximado de importadores privados que trabajan el mercado de Holguín. Es una actividad ilegal que conlleva a decomisos de productos y multas. Los que se dedican a este negocio cuidan su identidad para evitar ser procesados. No utilizar sus nombres verdaderos fue la condición para colaborar con este reportaje.
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Con frecuencia, los importadores pagan a familiares o amigos alrededor de 200 dólares para que también viajen y traigan al país más mercancía. Estos últimos son las llamadas “mulas”. Los importadores y sus “mulas” son vitales para abastecer al país de todo lo que comercios estatales no ofertan o no venden a los precios y calidades que los consumidores demandan.
Desde que se cerraron las fronteras a finales de marzo pasado, el ejército de importadores y “mulas” que proveía al mercado informal de productos como electrodomésticos, calzado y ropas se encuentra en pausa. Las personas dedicadas a este oficio temen que, aun cuando se recupere la normalidad tras la pandemia de COVID-19, las autoridades mantengan las restricciones que dificultan su negocio.
Sin importadores ni mulas los efectos ya se sienten en las calles de la nororiental ciudad de Holguín con más de 400 000 habitantes y capital de la provincia de igual nombre, donde encontrar zapatos se ha vuelto una odisea y la ropa se ha encarecido de manera generalizada.
Nueva regulación
El 24 de marzo pasado el primer ministro cubano Manuel Marrero anunció que no se podría salir de la Isla por tiempo indefinido e hizo una mención que pasó desapercibida para muchos, aunque no para importadores como Silvia, cuya identidad no relevamos porque teme represalias en su contra.
Marrero explicó que los cubanos que aún estaban en el exterior podrían regresar pero que, al hacerlo, no podrían ingresar más que una “maleta y un equipaje de mano”. Con estas palabras puso a Silvia al borde de la quiebra. En ese momento la holguinera se encontraba en Haití comprando ropa, calzado y varios productos de ferretería para luego revenderlos en Cuba.
Era su tercera visita al país más pobre de Latinoamérica donde, por ser afrodescendiente y hablar francés, “creían que era una haitiana”, dijo. “En Haití nos enteramos que la Aduana cubana solo permitiría la entrada de un equipaje de mano y una maleta”.
Esto obligó a Silvia a dejar gran parte de los productos comprados bajo el resguardo de una prima con residencia en Haití. “Allí estarán en buenas manos y yo sé que no me robarán”, dijo.
Sin embargo, su preocupación mayor es recuperar la inversión. “No sé cuándo podré regresar a buscar la mercancía porque con lo que traje no recupero el dinero que invertí”, aseguró tras el cierre de las fronteras cubanas.
Para Silvia este tipo de imprevistos no son nuevos. Es una importadora acostumbrada al riesgo que entraña su oficio. En su viaje anterior a Haití, que ocurrió a comienzos de 2020, más de la mitad de los artículos que compró fueron decomisados por las autoridades durante un operativo policial.
“Pedí dinero prestado para este viaje y mira qué mala suerte tuve”, lamentó. Ahora, con la prohibición de traer los productos vendidos a Cuba, dijo que no quedará cruzada de brazos y junto a su esposo hará “cualquier tipo de negocio para salir a flote”.
Entre las opciones que contempla, explicó, se encuentra vender los productos que logró traer al triple del precio que rige habitualmente en el mercado informal cubano porque la escasa oferta hace que los precios de sus productos suban.
No obstante, Silvia reconoció que será muy difícil lograrlo porque ahora la gente prioriza la comida que, en este tiempo de crisis epidemiológica, también se ha encarecido. Para ella, la decisión del Gobierno de limitar a una maleta y un bolso de mano el equipaje con el que se puede entrar en Cuba, no fue casual.
En su opinión, y en la de otros importadores o “mulas” de Holguín que fueron consultados, las autoridades cubanas aprovecharon la pandemia para terminar con su oficio.
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“Desde hace mucho tiempo las autoridades quieren deshacerse de nosotros y para ello el coronavirus les viene como anillo al dedo”, dijo Silvia. “El pretexto de aligerar operaciones en los aeropuertos es poco creíble cuando se sabe que apenas entra un vuelo diario y, a veces, no entra ninguno”.
Marisol es otra holguinera en situación similar. Ella también teme por el futuro del negocio que le ha permitido ganarse la vida hasta ahora. Antes del cierre de fronteras, estaba en Guyana, donde compró ropa y zapatos para comercializar en Cuba.
“El día antes de mi vuelo aplicaron las medidas restrictivas en la Aduana y tuve que dejar gran parte de lo que compré en la casa donde estaba alquilada. Aquí estoy con la incertidumbre de si podré recuperar los productos”, lamentó Marisol, cuya identidad no revelamos por las mismas razones y a quien todavía se le notaban las ojeras provocadas por las pocas horas de sueño.
“La preocupación por el futuro del negocio no me deja dormir bien. Estoy tomando pastillas para calmarme un poco”, dijo con voz trémula.
Sin trabajo
Viajes como los de Silvia o Marisol fueron los últimos. Desde entonces, dado que no se puede entrar ni salir del país, “mulas” e importadores se han quedado sin empleo.
“Muchas personas vivimos de este negocio que ha sido por años el sustento de nuestra familia y de la noche a la mañana nos hemos quedado sin trabajo”, lamentó Miguel.
El importador explicó que para su primer viaje pidió prestado una parte de los 6000 dólares que necesitaba. Los obtuvo de varios prestamistas privados a cambio del 5% de interés mensual y de algunos equipos electrodomésticos como garantía, un esquema habitual con el que operan los importadores cubanos.
“Siempre priorizaba la compra de la ropa y los zapatos porque es lo más fácil de transportar y lo que más rápido se vendía en Cuba”, dijo Miguel.
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En Cuba, solo empresas estatales están autorizadas a importar productos del exterior. Además, es ilegal revender cualquier cosa que el Estado haya comercializado en sus establecimientos. Y tampoco existe un mercado mayorista en el que un particular pueda adquirir legalmente productos para luego revenderlos.
Al mismo tiempo, el Estado tiene dificultades para abastecer sus comercios de productos básicos como ropa, calzado, electrodomésticos, repuestos o menaje para el hogar. Con frecuencia, este tipo de artículos se venden a precios inalcanzables para los cubanos o no se encuentran durante largos periodos. Los importadores llenan este vacío. La actitud oficial hacia ellos ha sido ambivalente.
En enero de 2013, el Gobierno abrió las puertas para viajar fuera del país. Hasta ese momento, salir de la Isla legalmente estaba restringido y se tenía que gestionar un permiso con un trámite prolongado y costoso.
La medida estuvo a tono con las conversaciones secretas que venían sosteniendo el Gobierno de Obama y el régimen castrista, cuyo clímax estuvo en la reapertura de embajadas en La Habana y Washington el 20 de julio de 2015.
A raíz del fluido contacto intergubernamental, se establecieron convenios empresariales en materia de telecomunicaciones para roaming de voz, el inicio de viajes regulares de cruceros desde EE. UU. y el establecimiento de Starwood, una empresa estadounidense del sector turístico.
El retorno de los vuelos regulares desde Estados Unidos a la mayor de las Antillas estuvo entre los convenios mejor acogidos por el pueblo cubano pues facilitaba el comercio de la mercancía de los importadores privados.
Sin embargo, en su afán de retener las divisas y de eliminar el floreciente negocio privado de las importaciones, el régimen cubano estableció la Resolución Aduanal No. 207 de 2014, que exige a los pasajeros mayores de 10 años la obligación de importar hasta 125 kilogramos de mercancías desglosadas en misceláneas (alimento, calzado, confecciones, bisutería, perfumería y similares); o efectos electrodomésticos, artículos duraderos, partes, piezas y similares, por un valor en Aduana de 1000 pesos cubanos, equivalente a 40 dólares.
A pesar de las restricciones, continuó el trasiego de mercancías que generaban empleo en el sector privado y aliviaban la vida cotidiana de muchos cubanos. Pero, al mismo tiempo, consciente de que con estas facilidades se hacía posible el surgimiento de una nueva clase de comerciantes privados que compite por las divisas que desea acaparar el Estado, el Gobierno cubano ha querido restringir su actividad.
La resolución aduanal citada especifica que los cubanos residentes en la Isla pagarán en divisa el impuesto de la segunda importación del año. La medida desincentiva los viajes fuera del país con fines lucrativos más de una vez al año (por eso se utilizan “mulas”) y es frecuente que los importadores sufran problemas a su paso por la Aduana.
Además, muchas veces sus productos son decomisados dentro de Cuba ya que esta actividad no está contemplada entre los negocios privados que legalmente se pueden ejercer en la Isla.
El año pasado, en el programa televisivo Mesa Redonda, el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, anunció “medidas para disminuir la importación de mercancías por las personas naturales e incrementar la captación de divisas que en la actualidad salen del país”. Un abrupto cambio que persigue eliminar las ventas ilegales en Cuba.
Desde entonces, importadores, mulas y ciudadanos en general han tenido el temor de que las nuevas medidas dificultan la actividad que les permite sustentarse. Las restricciones introducidas desde la pandemia han reavivado estos miedos.
Miguel comparte esta percepción. En su opinión, el COVID-19 ha sido el “pretexto perfecto del Gobierno para acabar con los comerciantes privados que importamos mercancía”.
Laura se dedicaba a viajar fuera de Cuba por 300 dólares. A cambio, ella solo acompañaba a un importador de mercancía que la utilizaba como “mula”. En la primera aventura del año 2017, Laura estuvo en Guyana y al regreso a Cuba pudo entrar un televisor pantalla plana de 32 pulgadas, un aire acondicionado tipo split, ropa y zapatos.
“Me dieron 300 dólares porque los residentes en Cuba pagamos un impuesto aduanal en pesos cubanos en la primera salida. Después, por cada viaje durante el año, el importador me pagaba 200 dólares por traer solo ropa y zapatos. Ya no era negocio importar electrodomésticos porque el impuesto se pagaba en dólares”.
Ahora Laura, nombre que eligió para resguardar su identidad, está a la expectativa del reinicio de los vuelos al exterior. En este compás de espera ha tenido que reajustar sus gastos personales y para subsistir a duras penas vende paniqueque, un dulce muy apreciado en la zona oriental del país.
“No estoy legalizada para el negocio de los dulces, pero tengo que hacerlo para sobrevivir”, comenta con un tono pesimista.
Calle 13
Después de tres meses sin importaciones, los efectos comienzan a hacerse evidentes en las calles de Holguín. Los precios de los productos que era más común comprar en el mercado informal están al alza.
Antes un blúmer (braga) y un calzoncillo costaban cinco dólares cada uno y ahora cuestan 10. El par de chancletas de 10 dólares subió a 15, mientras que el precio de las camisas de 20 ascendió a 25 y los pitusas (blue jeans) que se comercializaban a 40 dólares ahora subieron a 50.
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Así están los precios en la Calle 13, una zona apartada del Reparto Sanfield de la ciudad de Holguín donde predomina el mercado informal. Aunque ahora las calles están más vacías y el bullicio ha disminuido por las medidas de confinamiento, los negocios continúan dentro de las casas, de una forma más solapada.
A ratos el viento levanta mucho polvo y provoca una imagen de tensión que, junto a la soledad de la calle, simula una película del viejo oeste.
“Desde hace varios días quiero comprar un par de chancletas para mi hijo de 11 años y no las encuentro”, lamenta una madre que llega a uno de los puntos de venta clandestino.
En otros lugares de la urbe, por cuestión de seguridad, los comerciantes informales ofertan su mercancía solo a las personas conocidas y, aun así, algunos han sufrido registros policiales y decomisos por delación.
“Es un negocio que deja ganancia, pero es de mucho riesgo”, asegura Eugenia, una señora de más de 60 años que muestra a dos clientas de confianza los pocos artículos de vestir que le quedan para niños y mujeres.
Dos jóvenes se acercan con cautela. El sofocante calor de junio les provoca el sudor que marca sus camisas. Se les nota algo cansados. “Queremos comprar ropa interior y dos pitusas. Venimos aquí porque nos dijeron que quizás a usted todavía le queden”, le dicen a un vendedor que les responde, casi apenado, que esos artículos se le agotaron hace algunos días.
Los jóvenes desisten de la búsqueda. “Hemos visitado varios puntos de venta en la ciudad, no tenemos esperanza de encontrar lo que buscamos”, dicen con cierta angustia.
Debido al “bache” en la entrada de los productos al mercado negro de la Isla, muchos pronostican que para la segunda mitad del año la mayoría de los cubanos vestirán ropa zurcida y zapatos remendados por tanto uso.
“Nos veremos hambrientos y en harapos”, sentenció una mujer que ha visitado varios puntos de venta clandestinos en busca de un par de tenis para su hijo.
