Dos meses y medio después de que fueran pospuestos hacia el verano de 2021, existen dudas acerca del verdadero destino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Las autoridades del Comité Olímpico Internacional (COI), evitando crear encontronazos anticipados con políticos y empresas involucrados con el desarrollo de la máxima cita, no han ofrecido aún respuestas claras, aunque algunas pudiesen llegar este miércoles.
Se conoce que la junta directiva del COI escuchará a puertas cerradas y vía enlace remoto una presentación de las autoridades japonesas sobre la situación actual del país sede.
Aunque los especialistas no anticipan grandes sorpresas, se conoce que el presidente del COI, Tomás Bach, ofrecerá una conferencia de prensa posterior al encuentro, en donde podrían debatirse las principales áreas que preocupan tanto a la prensa como a los aficionados.
Tanto el COI como el gobierno de Japón mantienen hasta el momento la decisión de que los Juegos inicien en la fecha acordada (23 de julio de 2021). Sin embargo, uno de los supervisores del Comité Olímpico, Joan Coates, confesó la semana pasada que la cita enfrenta “verdaderos problemas” para su desarrollo.
Cálculos preliminares indican que unos 11 000 deportistas olímpicos, 4 400 paralímpicos, 206 comités olímpicos nacionales y decenas de federaciones deberán ser distribuidos entre las 42 sedes y más de 5 000 apartamentos de la Villa Olímpica, cifras impensadas para las actuales condiciones epidemiológicas.
A ello se suma el hecho de que no queda claro si en esa fecha será posible la participación de público en los estadios, pabellones y complejos donde se disputarán los Juegos de la XXXII Olimpiada.
“No es lo que queremos”, admitió Bach en una reciente entrevista con la BBC acerca de la posibilidad de los eventos sin público, pero admitió que todavía existen dudas sobre la cantidad de personas que podrán entrar a las instalaciones, con más de 4 millones de entradas vendidas hasta el momento.
El costo podría ser mayor para los aficionados que para los organizadores, ya que estos poseen una cláusula que los exime de responsabilidad de reembolso si la pandemia de la COVID-19 “está lejos del control razonable de Tokio 2020”, según informa AP.
Precisamente, la cantidad de dinero que podría perderse de no celebrarse los Juegos, o celebrarse en condiciones excepcionales, permanece como el mayor de los misterios que rodea a esta ya histórica cita deportiva.
Mientras en Japón se calcula que la postergación costó entre 2000 y 6000 millones de dólares, el COI ha dicho que aportará unos 650 millones, por lo que la mayor pérdida correrá a cargo de los contribuyentes del país asiático, en un evento cuyo mayor porcentaje de financiación corre a cargo de fondos públicos.
Desde el punto de vista mediático, los encargados de la transmisión de los Juegos tendrán todo un año para estudiar las variantes aplicadas por la NBA y los clubes europeos de fútbol, y de esta forma garantizar el funcionamiento de la fuente del 73% de sus ingresos: los derechos televisivos de los Olímpicos.
Desde Japón, las autoridades anuncian poca información acerca del asunto hasta finales de año, y fueron cautos al señalar el mes de marzo de 2021 como fecha límite para anunciar una cancelación.
La seguridad sanitaria, los riesgos financieros y la posibilidad de unos Juegos sin presencia de aficionados en las sedes, serán hasta entonces temas que solo el COI podrá esclarecer.
