Más de 30 mil matanceros realizan trabajo a distancia, el 87% son burócratas del Poder Popular

En la provincia de Matanzas 30 mil 147 personas han sido reubicadas en el trabajo a distancia, el 87% de ellas son del sistema del Poder Popular. Mientras, durante la crisis del coronavirus han quedado “interruptos” los empleos de otros 3 mil 192 matanceros

Ilustración de trabajadores con teletrabajo
 

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En medio de la crisis por la COVID-19 crece en Matanzas la modalidad de “trabajo a distancia”. Según el periódico oficial de la provincia, 30 mil 147 personas han sido reubicadas en esta opción laboral.

Lázaro González Varela, Director de Trabajo y Seguridad Social en esa provincia de Occidente, aseguró que, del total, “el 87% corresponde al sistema del Poder Popular”.

La Asambleas Municipales del Poder Popular son, teóricamente, “los órganos superiores locales del poder del Estado”. Sin embargo, el ejercicio de gobierno que les correspondería, en la práctica se ve subordinado a las delegaciones locales del Partido Comunista.

De modo que la mayoría de los trabajadores beneficiados con la nueva alternativa laboral, son los funcionarios de la burocracia y los integrantes de sus equipos, quienes se limitan a implementar el “orden” del poder estatal y sus instituciones.

Aunque el gobierno cubano se jacta de que los órganos del Poder Popular cuentan con la participación ciudadana para su gestión, lo cierto es que operan de modo vertical. Continuará ahora, por la vía de internet, la dinámica totalitaria de “ordeno y mando”.

“El teletrabajo disminuye los tiempos de desplazamiento hacia el centro laboral, elimina el ausentismo, las llegadas tardes, entre otras ventajas. Con esta forma de empleo se abandona el enfoque tradicional de horas en la oficina por el de horas dedicadas al trabajo, lo cual representa ventajas tanto para el empleado como para la entidad”, explicó González Varela.

Según el periódico local Girón, esta modalidad no es nueva en la isla, “desde el año pasado el país impulsó la variante de trabajo a distancia, que cobró más vigor desde septiembre, debido a la llamada coyuntura provocada por la restricción del combustible”.

En medio de la propagación del coronavirus en la isla, “la medida es óptima para potenciar el aislamiento social, tan reclamado por la máxima dirección del país”, se subraya en el periódico de propaganda.


Esta modalidad requiere conectividad permanente, un servicio muy costoso e ineficiente en el país. Podríamos preguntarnos: ¿la informatización de la sociedad cubana permite garantizar este tipo de gestión laboral en la isla? Ni siquiera las nuevas tiendas virtuales han podido cumplir el servicio prometido, solo han generado insatisfacciones.

El funcionario del Ministerio del Trabajo dice que en Matanzas “se observa un incremento del trabajo a distancia, y que entre los organismos yumurinos existe la voluntad de elevar aún más la cifra de los que se incorporen a esta modalidad”.

Mientras los burócratas del Poder Popular pasan a trabajar desde casa, con salarios y conexión a internet garantizados, han quedado interruptos en esa provincia otros 3 mil 192 trabajadores.

Según el funcionario González Varela, “la mayoría de los cuales aceptó la reubicación en plazas de mensajeros del comercio, en el Sistema de Atención a la Familia para llevar el alimento a los necesitados, realizando pesquisas o como trabajadores sociales”.

Aunque no existe una actualización que permita evaluar el estado de casos contagiados por el nuevo virus en esa provincia, sí se ha confirmado que las ciudades con más contagios son Matanzas y Cárdenas.

Lo que sí muestra con efervescencia el periódico Girón son los titulares relacionados con el “enfrentamiento a la delincuencia” en tiempos de Covid-19. Según el Departamento de Información y Análisis de la Fiscalía Provincial, hasta la fecha se han efectuado 24 juicios con 27 acusados sancionados.

“Los delitos de mayor incidencia por los que fueron juzgados los acusados son propagación de epidemias (16), especulación y acaparamiento (5), actividades económicas ilícitas (3) y en los delitos de desacato, resistencia y desobediencia, en cada modalidad uno”.

Las medidas represivas lejos de favorecer el orden, muestran una vez más el autoritarismo del gobierno: tolera el mercado negro que garantiza prácticamente la subsistencia en el país, y luego con esa excusa reprime, apresa y multa a los ciudadanos. En tanto, el desabastecimiento empeora.

Por un lado, toma medidas laborales que favorecen a sus representantes, por otro aplica sanciones que le permiten aparentar ser un gobierno “para y por los humildes”. Cuentos de camino, como dicen en la isla.

 

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