“No tengo ni el honor ni el gusto de conocer a Yunior García, pero lo respaldo”, declaró este 28 de octubre a América Noticias Orlando Gutiérrez Boronat, vocero y cofundador del Directorio Democrático Cubano.
“Es un cubano valiente, un intelectual que se ha levantado para exigir sus derechos”, agregó el profesor universitario, político y analista con residencia en Florida, una de las voces más destacadas del exilio cubano.
García, coordinador del grupo contestatario Archipiélago, pertenece junto a Boronat al proyecto Cuba Próxima, que reúne a políticos e intelectuales de la isla y su diáspora. El régimen utilizó la coincidencia de ambos allí para acusar a García de ser “mercenario del imperialismo”.
El jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba (PCC). Rogelio Polanco, acusó el 26 de octubre al gobierno de EE. UU. de ser el promotor y organizador de la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre, organizada por Archipiélago.
Polanco afirmó que “las proyecciones públicas de los promotores y sus vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno de Estados Unidos tiene la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba”.
García respondió la víspera asegurando que no mantiene relaciones con la embajada de EE. UU. en La Habana para evitar que el gobierno lo acuse de “mercenarismo”, un argumento recurrente de la retórica oficial, al que calificó de “machacado” y “mentiroso”. También dijo estar en desacuerdo con la política de sanciones de Washington.
También defendió las muestras de apoyo que ha recibido de miembros prominentes del exilio, figuras de la sociedad civil independiente y periodistas, a las que no ha preguntado cuáles son sus preferencias políticas.
“Jamás le preguntaré su biografía o sus ‘antecedentes penales’ a ningún cubano que me llame para manifestar su solidaridad o su apoyo”, respondió.
Archipiélago decidió adelantar para el 15 de noviembre la manifestación planificada inicialmente para el 20 de ese mes, a raíz de la decisión del régimen de nombrar el 20 de noviembre como “Día de la Defensa Nacional” y movilizar tropas militares y paramilitares desde el 18.
El 12 de octubre el régimen declaró ilícita la marcha. Los organizadores en cada territorio fueron informados de la negación a través de las intendencias de sus localidades.
