Congresistas apoyan designación de Cuba como patrocinador del terrorismo

Congresistas cubanoamericanos aplaudieron que la administración Trump incluyera al régimen castrista en lista de Estados patrocinadores del terrorismo
Foto: Montaje ADN. Congresistas apoyan designación de Cuba como patrocinador estatal de terrorismo
 

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El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este lunes 11 de enero que la administración del presidente Donald Trump incluyó a Cuba en la lista de países que se consideran patrocinadores estatales del terrorismo.

Los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart (R-FL) y María Elvira Salazar, elegida para representar al Distrito 27 de Florida, se pronunciaron a favor de esta condena al castrismo.

En Twitter el congresista republicano señaló. “La Admin. Trump ha vuelto a colocar al régimen cubano a donde pertenece: la lista de países patrocinadores del terrorismo, debido a su apoyo a grupos terroristas como las FARC y el ELN, y albergando fugitivos como la terrorista Joanne Chesimard y apoyando al régimen de Maduro”.

 

“La administración anterior nunca debió haber eliminado a Cuba, particularmente cuando los servicios de inteligencia del régimen ayudaron a las organizaciones terroristas internacionales y en la represión violenta del pueblo de Venezuela”, añadió en otro tuit Díaz-Balart.

 

Por su parte, la reconocida periodista cubanoamericana, María Elvira Salazar escribió en su cuenta: “¡El brutal régimen de Castro ha aterrorizado a la gente de Cuba durante más de 60 años!”

“Siempre debemos estar del lado de la libertad y enfrentar la tiranía y la opresión. Apoyo completamente la decisión del Departamento de Estado de incluir a la dictadura asesina de Castro como Estado Patrocinador del Terrorismo”, subrayó. 

 

En la página oficial de la institución se consignó que el señalamiento al gobierno castrista es por "brindar apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas".

"La Administración Trump se ha centrado desde el principio en negar al régimen de Castro los recursos que utiliza para oprimir a su pueblo en casa y contrarrestar su maligna interferencia en Venezuela y el resto del hemisferio occidental", se defiende en el comunicado oficial.

"Con esta acción, una vez más responsabilizaremos al gobierno de Cuba y enviaremos un mensaje claro: el régimen de Castro debe poner fin a su apoyo al terrorismo internacional y la subversión de la justicia estadounidense".

 

El Departamento de Estado continuó: "Durante décadas, el gobierno cubano ha alimentado, alojado y brindado atención médica a asesinos, fabricantes de bombas y secuestradores, mientras que muchos cubanos pasan hambre, se quedan sin hogar y sin medicamentos básicos. Miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una Organización Terrorista Extranjera designada por Estados Unidos, viajaron a La Habana para sostener conversaciones de paz con el gobierno colombiano en 2017. Citando protocolos de negociación de paz, Cuba rechazó las solicitudes de Colombia de extraditar a diez líderes del ELN que viven en La Habana, después de que el grupo se atribuyó la responsabilidad del atentado con bomba de enero de 2019 en una academia de policía de Bogotá que mató a 22 personas e hirió a más de 87".

Las autoridades de Estados Unidos también refieren que Cuba "alberga a varios fugitivos estadounidenses de la justicia buscados o condenados por cargos de violencia política, muchos de los cuales han residido en Cuba durante décadas".

"Por ejemplo, el régimen cubano se ha negado a devolver a Joanne Chesimard, en la lista de terroristas más buscados del FBI por ejecutar al policía estatal de Nueva Jersey Werner Foerster en 1973; Ishmael LaBeet, condenado por matar a ocho personas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos en 1972; Charles Lee Hill, acusado de matar al policía estatal de Nuevo México, Robert Rosenbloom, en 1971; y otros".

La designación, que se anunció este lunes, puede complicar los esfuerzos del presidente electo Joe Biden para mejorar los lazos con el régimen de La Habana y es la última de una serie de medidas de la administración Trump para tratar de fijar políticas antes de que el mandatario republicano deje el cargo.

La medida anula el levantamiento de la designación bajo la administración de Obama en 2015, durante el impulso del presidente demócrata para descongelar las relaciones con la dictadura de la nación isleña, recordó The Wall Street Journal.