El 16 de julio se anunciaron en el programa Mesa Redonda de la TV cubana nuevas medidas económicas para enfrentar la actual crisis que vive Cuba. La eliminación del gravamen del 10 por ciento al dólar estadounidense (USD) en efectivo que ingrese en bancos cubanos y la apertura de tiendas de alimentos y productos de aseo con pago exclusivo en USD son las dos medidas que el régimen de La Habana hizo vigentes el día 20 de julio. Sin ser profesional de Ciencias Económicas podemos percatarnos que esto no será suficiente para salir de los graves problemas económicos que son anteriores a la pandemia de la COVID-19.
Como era de esperarse, en el Consejo de Ministros extraordinario ocurrido en la mañana del mismo día 16, el “presidente” Miguel Díaz-Canel culpó de la actual situación en la isla a factores externos ajenos al modelo económico de economía estatal planificada y centralizada que ha mantenido a la población cubana experimentando “periodos especiales”, “periodos coyunturales” y otros periodos de crisis nombrados con eufemismos. Los efectos de la pandemia de COVID-19, el “neoliberalismo” en el mundo y el embargo económico impuesto por EUA (esta última idea decorada con información del reciente libro de John Bolton) son los causantes de la decadencia en Cuba según el mandatario.
Para consolar al pueblo Díaz-Canel anunció que el estado cubano estaba trabajando para en los meses de julio y agosto garantizar dos libras adicionales de arroz, seis onzas más de frijoles y un poco más de carne de pollo a niños y a mayores de 64 años. Adicionalmente a las dos medidas económicas que comenzaron a implementarse este 20 de julio, la otra solución propuesta por él fue desarrollar una “estrategia de comunicación” al parecer para calmar los ánimos de los cubanos indignados y con necesidades de todo tipo.
Las sanciones económicas aplicadas por la administración de Donald Trump contra el régimen comunista de La Habana y la epidemia de la COVID-19 solamente han agravado la crisis económica y financiera que sufre la nación desde 1959, periodo de crisis donde se incluye la ficticia bonanza de los años 80, cuando Cuba era sustentada por la Unión Soviética (URSS) y no por su capacidad de producción de bienes y servicios y la exportación de los mismos.
La eliminación de las empresas privadas en Cuba comenzó en el mismo 1959. En 1968, con la llamada “Ofensiva revolucionaria”, fueron desmontados hasta los carritos ambulantes de vender frituras y el resto de las microempresas privadas. Gracias a la caída de la URSS y de todo el campo socialista, más la existencia del embargo económico de EUA contra el régimen de La Habana, el pueblo cubano recuperó unas pocas libertades económicas en la década de los años 90. Así fue como, en contra de los deseos de Fidel Castro, reapareció la microempresa privada cubana, ahora con el nombre de trabajadores por cuenta propia.
En el año 1998, casualmente año en que Hugo Chávez gana las elecciones en Venezuela, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (MTSS) prohibió conceder nuevas licencias de trabajo por cuenta propia como medida “temporal” para las 37 actividades más importantes y prósperas en la isla. Esta suspensión temporal se prolongó por 12 largos años hasta que en octubre de 2010, bajo el mandato de Raúl Castro, vuelven a otorgarse licencias de trabajos privados ya existentes y se adicionan nuevos tipos de actividades a esta modalidad hasta sumar 178 de las mismas.
En poco tiempo floreció este sector cuentapropista, tanto en número como en calidad y envergadura, lo que alentó a la dictadura cubana a detener un crecimiento no deseado por la misma. El 1 de noviembre de 2013 se anuncia a través de los medios de comunicación oficiales el establecimiento del Decreto Ley 315, que establecía la retirada de licencias de trabajo por cuenta propia, el decomiso de herramientas, productos y materias primas tanto a los trabajadores legales como a los ilegales, y otras medidas.
Entre los negocios afectados se encontraban las salas privadas de cine 3D, el alquiler de juegos computacionales, los vendedores de útiles para el hogar, más conocidos como ferreteros y plomeros, y los vendedores de ropa. Estas dos últimas categorías generalmente traían la mercancía de otros países. Muchos emprendedores perdieron lo invertido y algunos hasta sufrieron decomisos de productos, lo que generó protestas de cuentapropistas en toda la isla, siendo la más conocida la ocurrida el 21 de enero de 2014 en la ciudad de Holguín, frente a la sede del Poder Popular, donde cientos de cuentapropistas se manifestaron.
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El 12 de febrero de 2017 el estado topa los precios de los taxistas particulares, más conocidos como “boteros”, con amenazas de gigantescas multas y hasta decomiso de vehículos en caso de incumplimientos. Este sector respondió a las nuevas regulaciones realizando una huelga de brazos caídos a partir del 27 de febrero, las cuales se hicieron notar principalmente en las ciudades de La Habana y Santa Clara, y amenazando con protestar en plazas públicas y trancar calles. Finalmente, el régimen se hizo de la vista gorda y no aplicó dichas regulaciones contra los transportistas.
El 1 de agosto de 2017 ocurre otro golpe contra los trabajadores por cuenta propia, pues cesan de forma definitiva la entrega de nuevas licencias en varios sectores, dentro de los que se encuentran los vendedores ambulantes, más conocidos como carretilleros, y se suspende temporalmente la entrega de licencias de muchas otras modalidades. Entre éstas se encuentran el alquiler de apartamentos, cafeterías y restaurantes.
El 10 de julio de 2018 se publica en La Gaceta Oficial de Cuba una actualización del Reglamento del Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia como parte de la Resolución número 11/2018. El artículo 2 de dicho reglamento establecía que las personas naturales solamente podían ejercer una de las actividades por cuenta propia. En esta misma gaceta número 35 se publica el Decreto Ley 349/2018, que intenta restringir las libertades de los artistas cubanos y múltiples resoluciones ministeriales que limitaban aún más las ya escasas libertades económicas de los cuentapropistas.
Estas regulaciones económicas debieron comenzar a aplicarse el 7 de diciembre de 2018, pero la presión social, fundamentalmente de transportistas mediante huelgas, artistas mediante protestas públicas y performances, y muchos tipos de trabajadores privados que amenazaban con protestas masivas y huelga nacional, lograron que el 5 de diciembre de ese año el estado retrocediera en muchas de éstas.
![Empresa "competitiva" en mercado cubano](/sites/default/files/2020-07/empresacompetitivaenmercadocubano.JPG "Empresa "competitiva" en mercado cubano")
Después de analizar esta cronología de acciones del gobierno cubano para ahogar al pequeño y maltratado sector privado es lógico predecir que las medidas anunciadas para devolverle libertades económicas a dicho sector son falsas, como también lo es la pronta reunificación de la moneda, proceso que hace dos décadas llevan anunciando, pero que aún no tiene fecha de ejecución. Cuba pudiera vivir otro período de 10 años con tres monedas diferentes circulando: el CUP, el CUC y el USD, tal como ocurrió entre los años 1994 y 2004.
En el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), realizado en 2011, se aprobaron los Lineamientos de la Política Económica y Social del PCC, donde se indica la reunificación monetaria. Raúl Castro, en aquel momento, se comprometió en cumplir esa necesidad antes de terminar su mandato como presidente.
Luego de nueve años del VI Congreso del PCC podemos decir que la reunificación monetaria es una de las tantas promesas incumplidas por los líderes nunca electos del régimen imperante. Cada medida económica o de otro tipo anunciada, sin precisar fecha de aplicación, por la dictadura se ha desvanecido, lo que provoca la percepción de que es mentira o una verdad que ocurrirá luego de nuestra muerte biológica como individuos.
Los discursos de los mandatarios y altos funcionarios cubanos desde 1959 han consistido en tratar de convencer al pueblo de que los periodos de crisis son “momentáneos”, que hay que resistir, y en prometer desarrollo para alimentar la esperanza de los ciudadanos en un futuro socialismo que por fin traerá prosperidad y bienestar.
Una vez más el régimen se aferra en mantener la economía en manos de las empresas estatales y demuestra que le teme al crecimiento del sector privado. Las promesas de entregar las libertades económicas necesarias para la creación de verdaderas micro, pequeñas y medianas empresas privadas, como el derecho a importar y exportar bienes y servicios de forma directa, acumular propiedades y ser reconocidas como personas jurídicas, se siguen posponiendo al infinito.
El regreso del dólar al mercado cubano y la eliminación del gravamen del 10 por ciento a dicha moneda constituyen un simple parche económico, similar al que existió en la década de los 90 para recaudar mayor número de esta divisa. El llamado “paquete de medidas económicas” comentadas el 16 de julio parecen tener el mismo destino que el vaso de leche para cada cubano prometido por Raúl Castro el 26 de julio del 2007.
