Pareciera que el régimen de los Castro en estos dos últimos años ha venido preparando milimétricamente un camino: el camino decisivo para el fin de la dictadura en la Isla. ¿El propio gobierno destruyendo su imperio?
Para entender esta teoría al borde de la conspiración, es preciso trazar dos líneas cronológicas donde se señalan algunos hechos y circunstancias que aparentemente pudieran desembocar en la estocada final. Esto, sin demeritar el fuerte trabajo que han hecho los activistas, artistas, periodistas y opositores.
Por un lado está la fugaz inyección del Decreto-Ley 349, convirtiendo al arte en una figura delictiva; la recontextualización y reafirmación de la política cultural por medio del discurso de Fidel Castro Palabra a los Intelectuales, ahora en boca de Miguel Díaz-Canel; la declaración del “Estado de Coyuntura”; la crisis alimentaria agravada por el azote del coronavirus, y la meteórica aplicación del Decreto-Ley 370, que intenta frenar la publicación en redes sociales y medios alternativos, de miles de denuncias y atropellos que el régimen comete contra la sociedad civil. A todo esto se han enfrentado los cubanos y han salido poco a poco, victoriosos.
La otra línea de tiempo es asumida también por la alta cúpula, pero modelada casi siempre en la figura del presidente designado por el general Raúl Castro.
El 11 de febrero, justo un mes antes de que fuera declarada la pandemia en la isla, el periódico Granma, medio de prensa y propaganda del Partido Comunista Cuba, señalaba posibles "artimañas" del gobierno estadounidense para propiciar revueltas a causa de la crisis de combustible y abastecimientos que se vivía en ese momento.
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Pasaron los meses y el nuevo coronavirus se expandió por todo el país. La prioridad era evitar el contagio, sin embargo, es aquí donde entra en juego una madeja que sujeta las delgadas líneas zigzagueantes.
Los cuerpos represores del régimen han convertido las ciudades del país en una lucha de guerrillas donde golpean, literalmente, infunden miedo y se retiran, una y otra vez. Estos actos son justificados por la dictadura como una defensa cívica para mantener la soberanía de los cubanos.
De igual manera, en los últimos meses Miguel Díaz-Canel ha reiterado al menos tres veces en conferencias y discursos publicados en la prensa estatal, la posibilidad de un estallido social orquestado, según él, por la “mafia anticubana” radicada fundamentalmente en Miami.
Esta obsesión, que parece casi una añoranza, ha tomado una recurrencia propagandística que supone un deseo del presidente de que realmente ocurra. Tal parece que reza porque la revuelta personal, local, regional y finalmente nacional, corte las últimas ataduras de un sistema totalitario de más de 60 años enfrascado en generar pánico, represión y adoctrinamiento.
Quizás y toda la presión gubernamental que recae sobre la figura del mandatario no elegido por el pueblo, anclado a un pasado (des)conocido, ha hecho mella en su visión futura de una nación casi inexistente, y ahora deja entrever que es el pueblo quien debe tomar las riendas de lo que, para él, supone lo humanamente imposible.
Que el gobierno cubano en la figura de Díaz-Canel, como su máximo representante formal, reconozca públicamente la inminencia de un estallido social, realza el hecho, ya imposible, de mantener la única estrategia que les ha funcionado, aplastar y ocultar al hombre, a la verdad, hoy más inminente y definitiva.
