Esta semana el Tribunal Supremo Popular de Cuba publicó en su página web el texto de la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, conocida como Ley Mordaza, la cual fue responsable de los sucesos conocidos como Primavera Negra en 2003.
El propósito de esta ley es castigar con la cárcel a quien colabore con los objetivos de la Ley Helms-Burton y medios de prensa extranjeros, y no es de extrañar que el gobierno de Cuba esté valorando arremeter contra los cubanos que le hacen oposición, como respuesta a que el pasado día 2 el presidente Donald Trump activó el Título III de la Helms-Burton.
En los últimos días han sido noticia las detenciones arbitrarias a periodistas independientes, las llamadas telefónicas por parte de los agentes de la seguridad y las amenazas de muerte, como en el caso del director de La Hora de Cuba, Henry Constantin.
La Ley 88, aprobada en 1999, plantea en su Artículo 1:
“Esta Ley tiene como finalidad tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar, o colaborar con los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado Socialista y la independencia de Cuba”.
Si se tiene en cuenta que el gobierno cubano no respeta su ley, o la reinterpreta a conveniencia dependiendo de la coyuntura, puede afirmarse que con la Ley Mordaza merodeando, ningún activista de la sociedad civil está libre de sufrir injusta prisión en cuanto el régimen lo entienda oportuno.
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El gobierno de Cuba no cuenta con medios para dañar al gobierno de los Estados Unidos, y que este último no necesita de colaboración de ningún cubano dentro de la Isla para implementar Título III de la Helms-Burton, de ahí que la Ley 88 sea reconocida por la comunidad internacional como un instrumento para implantar el terror dentro de la sociedad.
Recordemos que en marzo del 2003, la única vez que esta ley fue implementada, el régimen de Fidel Castro privó de libertada 74 hombres y una mujer, por el único delito de disentir del gobierno de forma pacífica, de ellos 27 eran periodistas.
La Ley Mordaza contempla condenas de cárcel, confiscación de bienes y multas, para “el que suministre, directamente o mediante tercero, al Gobierno de Estados Unidos de América, sus agencias, dependencias, representantes o funcionarios, información para facilitar los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo”, “el que, busque información clasificada para ser utilizada en la aplicación de la Ley Helms-Burton”, “el que acumule, reproduzca o difunda, material de carácter subversivo… para apoyar los objetivos de la Ley Helms-Burton”, “el que colabore por cualquier vía con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros”, “el que perturbe el orden público con el propósito de cooperar con los objetivos de la Ley Helms–Burton” y “el que incurra en cualquiera de los delitos previstos en los artículos anteriores con la cooperación de un tercer Estado que colabore a los fines señalados con el Gobierno de Estados Unidos de América, será acreedor a las sanciones establecidas”.
