Entre el 10 y 11 de marzo, el Tribunal Popular Provincial de Guantánamo ratificó las sentencias de los nueve presos políticos que se manifestaron el 11 de julio durante las protestas en esa provincia.
La institución estuvo bajo vigilancia policial y del Ministerio del Interior durante los días en que tuvo lugar la vista oral de la apelación de los manifestantes, según informó CubaNet.
“Automóviles de patrullas, camiones jaulas para el traslado de reclusos, motos y otros medios de transporte bloqueaban las dos entradas que dan acceso al Tribunal Popular Provincial, ubicado en la calle 6 norte, entre Martí y Máximo Gómez” expresa el texto.
Los acusados solo pudieron ser acompañados por dos familiares en el proceso. Para todos los condenados se mantuvieron las mismas penas, con la excepción de Jesús David Prevot, que ahora pasará dos años y dos meses en privación de libertad.
Los manifestantes fueron enjuiciados en diciembre de 2021, y recibieron condenas de entre dos y seis años de cárcel por los delitos de desacato, desórdenes públicos, resistencia y atentado.
Por otro lado, el colectivo independiente Justicia 11J denunció a inicios de marzo, la no notificación de varias de las sentencias de los manifestantes del 11 de julio que fueron a juicio entre el 8 de diciembre y el 31 de enero.
Justicia 11J comunicó que en ese período fueron celebrados cerca de 26 juicios orales a unos 312 presos políticos.
En la publicación se critica, además, el artículo 564 de la Nueva Ley no. 143 de Proceso Penal, vigente desde el 1 de enero, que establece plazos sin límites para la firma de las sentencias, “que no solo pudieran dilatar la discrecionalidad en el cumplimiento del debido proceso, sino que suponen un enorme retroceso en relación con la Ley no. 5, que establecía un plazo de 6 días hábiles posterior a la culminación del juicio oral, más una prórroga de hasta 3 días hábiles si era imprescindible, para la entrega de las sentencias”.
Las organizaciones Justicia 11J y Cubalex registraron que, de un total de 1417 personas detenidas tras las protestas en todo el país, 440 ya han sido enjuiciadas en procesos ordinarios.
La Físcalía General de la República, tras más de seis meses de silencio sobre los juicios a los manifestantes, confirmó que 790 de ellos están en la cárcel con medida cautelar de prisión provisional.
Unos 55 procesados tienen entre 16 y 18 años, por lo que, según la Convención sobre los Derechos del Niño, son menores de edad. De ellos, 28 fueron “asegurados” con la medida cautelar de prisión provisional.
Asimismo, 60 acusados tienen entre 19 y 20 años, y 41 se encuentran en prisión provisional. Hasta la fecha, el régimen de La Habana reconoce haber realizado 84 juicios contra presos políticos del 11J, en los que han sido sancionados 172 acusados.
