La administración Biden asegura que Estados Unidos mantendrá su posición de “no dar dinero” a las “regímenes autoritarios y corruptos” de Cuba, Venezuela y Nicaragua, violadores de derechos humanos.
Según dijo Namita Biggins, portavoz del Departamento de Estado, quieren “apoyar a la sociedad civil” y “las organizaciones no gubernamentales”.
“No queremos apoyar a estos regímenes autoritarios y corruptos”, expresó la funcionaria en una entrevista con la Voz de América (VOA).
Señaló a la dictadura de Cuba como “la influencia maligna” en América Latina, que ha conseguido penetrar en Nicaragua y Venezuela. La situación de derechos humanos en la isla “es deplorable y sigue deteriorándose”, advirtió.
“Además en Cuba hemos visto la restricción de circulación no solo dentro del país sino también del derecho a salir del país. Los cubanos están luchando por sus derechos humanos y por su dignidad”, dijo Biggins.
En el Informe Anual sobre Derechos Humanos, presentado por el secretario de Estado Antony Blinken esta semana, el gobierno norteamericano es claro al señalar numerosas violaciones a las libertades, e incluso torturas y tratos crueles, del castrismo contra sus ciudadanos.
En Cuba, Venezuela y Nicaragua, “se han dado informes continuos de abusos policiales, de detenciones arbitrarias, incidentes de tortura, ejecuciones extrajudiciales y un uso excesivo de la fuerza”, afirmó Biggins.
El mencionado informe, sirve de referente al Congreso a la hora de aprobar presupuestos para ayudar a otros países. Aunque el presidente Joe Biden ha asegurado que priorizará la preservación de los derechos humanos en su política exterior, se desconoce si ONG y otras instituciones con presencia en los países con más vulnerabilidades serán los que recibirán más dinero, informó VOA.
Lea también
Aunque rechazó “especular sobre qué medidas, acciones o cuánto dinero el Congreso o el Poder Ejecutivo puede dar a estos países”, Biggins sí expresó que “estos informes son muy importantes para formular nuestra política exterior y para tomar decisiones”.
“Vamos a seguir apoyando a los defensores de los derechos humanos y los derechos humanos van a ser parte de cada conversación, cada reunión, y vamos a seguir trabajando a nivel multilateral con nuestros socios y aliados para que haya una diferencia”, concluyó la vocera.
EEUU denunció abusos durante el 2020 en Cuba
El Departamento de Estado publicó un Informe Nacional sobre prácticas de derechos humanos en Cuba durante 2020. Refiere el documento que la isla mantiene un estado autoritario y los miembros de las fuerzas de seguridad “cometieron numerosos abusos”.
Se advierte además en el amplio y detallado informe, que la Policía Nacional Revolucionaria y unidades especializadas de la rama de “seguridad estatal” son responsables de monitorear, infiltrar y reprimir la actividad política independiente.
Entre las violaciones de derechos humanos que advierte EE.UU. se realizaron en Cuba durante el año anterior, se incluyen: “ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el gobierno; desaparición forzada; tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, detenidos y presos por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; prisioneros políticos; problemas importantes con la independencia del poder judicial; e interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad”.
Reconoce el Departamento de Estado que “la libertad de prensa funcionalmente no existe” y se utilizaron leyes penales contra personas que criticaban el liderazgo del régimen. “El gobierno se dedicó a la censura y al bloqueo de sitios de Internet, y hubo graves limitaciones a la libertad académica y cultural”, refiere el documento.
También se denuncia que hubo “severas restricciones al derecho de reunión pacífica y la denegación de la libertad de asociación, incluida la negativa a reconocer las asociaciones independientes”, así como fuertes restricciones a la libertad religiosa. “Los ciudadanos no pudieron cambiar de gobierno mediante elecciones libres y justas”, se subraya en el informe.
“Como cuestión de política, los funcionarios no investigaron ni procesaron a quienes cometieron estos abusos. La impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada”.
“Al menos ocho presos murieron bajo custodia en diversas circunstancias sospechosas (…) Hubo informes confirmados de desapariciones prolongadas por parte de las autoridades gubernamentales o en su nombre. Hubo múltiples informes de activistas detenidos cuyo paradero se desconoció durante días o semanas porque el gobierno no registró estas detenciones, muchas de las cuales ocurrieron en sitios no registrados”, añade el documento, entre otras violaciones.
