El poeta y escritor cubano Rigoberto Fernández Castillo, denunció en una carta enviada a la redacción del estatal periódico Invasor y publicada este 9 de abril, haber sido víctima de una multa de 2000 pesos, la cual pagó por "temor a que se duplicara".
Fernández Castillo, residente en el municipio de Chambas, en la provincia de Ciego de Ávila, además de poeta y escritor trabaja como custodio en la Unidad Empresarial de Base (UEB) La Casita Criolla, fábrica de tabacos, ubicada en el mencionado territorio.
Explica en su carta Castillo que el pasado 24 de febrero dos compañeros de trabajo resultaron positivos a la COVID-19, razón por la cual fueron aislados, y agrega que "se le orientó al resto de los trabajadores mantenerse en sus viviendas", pero en el caso de los custodios, "dada la necesidad de preservar los recursos existentes en la instalación, recibimos la orden de permanecer laborando de acuerdo con los turnos establecidos, teniendo en cuenta que estaríamos solos, sin contactos".
Refiere además que esta orden fue emitida por Julio Antonio Torres Torres, jefe de Producción, y de Ricardo Varona Pestana, director de la Empresa Agropecuaria de Florencia. "Ambos confirmaron haber efectuado las consultas necesarias en ese sentido", señala Castillo.
Añade que para estar más seguro de esta decisión, "llamé a las instancias requeridas, y me confirman tener conocimiento del caso, pero que aún no habían podido contactar y coordinar con la Directora de Higiene y Epidemiología del municipio", ante lo cual solicitó orientación y le indicaron que permaneciera en su puesto de trabajo.
Narra que luego de esa llamada transcurrieron apenas cinco minutos, momento en el cual "se presenta ante mí la inspectora del Ministerio de Salud Pública Lisvania López Jons, la cual me impone una multa de 2000 pesos. Esta compañera me confiesa haber estado presente en el momento de mi llamada a la instancia superior".
"Pagué la multa por temor a que se duplicara, -destaca en su carta- y apelé por escrito ante esta injusta y arbitraria medida, dentro del término establecido. Pocos días después acudió a mi casa la doctora Damarys Ferrón, directora Municipal de Higiene y Epidemiología, a comunicarme que mi apelación había sido denegada".
Concluye diciendo que "en este momento la pérdida económica de 2 000.00 pesos se siente, pero mucho más se sufre en lo moral, pues agobia y mortifica haber sido víctima de una situación inexplicable, a partir del acatamiento correcto de las orientaciones de quienes aquí dirigen".
