“Solidaridad es compartir lo que tienes, no dar lo que te sobra y, mucho menos, regalar lo que te falta”. Dije eso en la Cuba de 2004, durante una asamblea del gobierno local, cuando la cobertura sanitaria de mi barrio colapsaba por el envío masivo de médicos a Venezuela. La cosa no pasó a mayores porque alguien, en mi defensa, alegó que yo era un “joven profesor revolucionario”. Alguien integrado, por convicciones y familia, al sistema.
Y es que cualquier “solidaridad” ofrecida así por un gobierno es, por esencia, cuestionable. Llamémosle Razón -y decisión- de Estado, pero nunca solidaridad. Máxime si, al ejercerla, los gobernantes obtienen beneficios monetarios -la exportación de servicios médicos constituye la primera entrada de divisas al país- y aumentan su legitimidad internacional.
Afectando a la propia población nativa, simultáneamente despojada -en cantidad y calidad- del servicio y de la posibilidad de reivindicar el derecho a sostenerlo. Como dice un refrán criollo: no se puede desvestir a un santo -el de la comunidad de base, nacional- para vestir a otro, ajeno. Sin transparencia, participación ciudadana ni justicia social no hay en la diplomacia y comercio de salud desplegados por Cuba, forma alguna de solidaridad digna de ese nombre.
El profesor Carmelo Mesa-Lago ha documentado que, paralelamente al crecimiento de la exportación médica, la cobertura y calidad sanitaria en la isla han decaído en los últimos años.
Retomo el tema ahora que se anuncia el envío de médicos cubanos a varios países, al tiempo que un crucero inglés desembarcó sus pasajeros en costas de la isla. Cuando el mortal COVID-19 amenaza en Cuba a una población masivamente envejecida y pobre, no hay acto más solidario que protegerlos y, de paso, proteger bien a nuestros médicos y enfermeras.
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Esto no implica en modo alguno extremismo: si llega una barcaza con migrantes haitianos -gente sin Estado- o si quedan turistas varados en la isla, atender su emergencia es pertinente y humano. También puede justificarse el envío puntual de algún equipo asesor, especializado y experimentado en el enfrentamiento de enfermedades similares, para apoyar en la estrategia de naciones vecinas bajo las directivas de la OMS.
La prioridad dada por el gobierno cubano a la salud, ha generado fortalezas. La infraestructura, aunque deteriorada, cubre el país. El personal existente -incluidos los jóvenes formados masiva y rápidamente en los últimos años para la exportación- permite atender la epidemia. La naturaleza misma -centralizada, militar- del régimen, ayuda a enfrentar situaciones de emergencia. Los consulados han facilitado, al calor de la crisis, los trámites para los residentes en el exterior.
Pero sobrestimar estos factores, buscando rédito político o de otra índole, es grave. El consenso internacional apunta a la interrupción masiva de actividades públicas, el cierre temporal de fronteras y las campañas en pro del distanciamiento social. Y a utilizar los recursos nacionales, que serán rebasados, en el tratamiento de la población nativa. Pero en Cuba, aunque se ha interrumpido la tan criticada política de fronteras abiertas, orientada al turismo, las escuelas permanecen abiertas, las intervenciones de los funcionarios son confusas -respecto a la extensión y gravedad de la pandemia- y se insiste en enviar especialistas a naciones foráneas.
Aunque el gobierno cubano no sea la excepción en el tratamiento tardío y errático de la pandemia -cosa en que coincide con otras naciones, incluso desarrolladas y democráticas- sí puede hacer una diferencia a partir de sus excepcionalidades. Utilizar masiva, inmediata y directamente sus recursos humanos en el enfrentamiento de la actual fase de la pandemia es una de las opciones.
Proteger a sus expertos -y, con ellos, a la población en general- del contagio en naciones gravemente sacudidas por el virus es otra.
Y dar cabida, ordenadamente, a las iniciativas que emergen desde la sociedad civil -artistas, influencers, iglesias, grupos organizados- y los emigrados -que están activándose hace semanas- como complemento a las acciones del gobierno. La protección del derecho a la vida, el más sagrado de los derechos, necesita el concurso de todos los componentes de la nación cubana.
Nota del Editor: estando esta columna en proceso de edición, el gobierno cubano estableció el cierre de las actividades educacionales, dentro de un paquete de medidas para enfrentar el COVID19. Pero por la validez de las reflexiones que sustentan el texto, decidimos publicarlo tal y como nos fue entregado anteriormente por el autor
