El régimen cubano organizó más de 400 acciones represivas contra opositores para limitar su movilidad durante el mes de agosto, refirió un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) publicado este 2 de septiembre.
El reporte de la red de trabajo del OCDH dentro de la isla contabilizó al menos 408 acciones represivas, entre ellas “111 detenciones arbitrarias”, de las que 24 se realizaron “con violencia por parte de la policía”.
La organización denuncia abusos recurrentes contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, los más comunes, “el sitio de viviendas de activistas, amenazas, hostigamiento, citaciones policiales, multas, golpizas, decomisos y allanamientos, en ese orden”.
La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara fueron las provincias más afectadas por la represión gubernamental. “Hemos comprobado la persistencia de un patrón represivo que busca retener ilegalmente en sus casas a activistas de derechos humanos, periodistas y artistas independientes”, señala un comunicado del OCDH.
El Observatorio señaló que, en medio de la pandemia de coronavirus, no solo la oposición, sino “una gran parte de la ciudadanía de todo el país sufre el hostigamiento gubernamental al intentar acceder o producir alimentos y otros productos de primera necesidad”.
Sobre las medidas de control que entraron en vigor este martes, 1 de septiembre, en La Habana, el OCDH dijo que el régimen “aprovecha la crisis sanitaria derivada del COVID-19 para extremar los mecanismos de control sobre la población", ya sea con la aplicación de "multas desproporcionadas" o con la "persecución de determinadas actividades económicas”, concluye el comunicado.
OCDH está integrada fundamentalmente por ex prisioneros de conciencia cubanos, pertenecientes al denominado Grupo de los 75, encarcelados en la causa conocida como Primavera Negra de Cuba de 2003; miembros de la Asociación Damas de Blanco y otros activistas cubanos de Derechos Humanos en Cuba y exiliados.
Entre sus premisas principales el OCDH defiende la transformación de Cuba en un Estado Social y Democrático de Derecho, “que propugne como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, igualdad, justicia y el pluralismo político.
Sus miembros redactan mensualmente un informe donde refleja las detenciones arbitrarias en Cuba e informaciones relacionadas con las violaciones de derechos humanos, para enviar a organismos internacionales como Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y otros.
