Varios casos de fraude académico en la provincia de Sancti Spíritus terminaron en procesos judiciales contra los involucrados, algunos de los cuales fueron condenados a penas de cárcel, de acuerdo con un reporte del diario Escambray, del Partido Comunista en esa provincia del centro de la Isla.
Uno de los casos detectados a los que se refiere el artículo ocurrió en el municipio Cabaiguán, en el Instituto Preuniversitario “Nieves Morejón”, apunta a un examen ministerial de Matemáticas de duodécimo grado, en el que los resultados de más de 30 estudiantes fueron alterados, según arrojó una investigación posterior, que permitió además dar con el personal de Educación involucrado.
Escambray señala que los alumnos admitieron sus culpas. En el caso antes mencionado, el fraude salió a la luz porque “el profesor responsable de uno de los grupos nota algo inusual. En el teléfono móvil que ve extraer del bolsillo de un pantalón aparece un ejercicio del cuestionario”.
Como no se trató de un caso aislado según pudo comprobar la escuela, el Ministerio de Educación ordenó “la anulación del examen en el municipio”.
Otro caso referido por el periódico local corresponde al Instituto Preuniversitario Honorato del Castillo, en la ciudad cabecera, y ocurrió el mismo día de los hechos de Cabaiguán. En este caso las alarmas sonaron porque uno de los alumnos expresó: “Te digo que voy a coger 100, asere, yo soy un loco”, se escucha decir, tras salir del examen solo una hora después de comenzarlo. La prueba en cuestión ofrece cuatro horas para completar el cuestionario, y según especialistas consultados por la prensa, “se torna difícil hasta para los que estudiaron a conciencia”.
Andrei Armas Bravo, director provincial de Educación, describió al periódico espirituano el proceso de los exámenes ministeriales: “Las pruebas vienen en un sobre sellado desde La Habana, dentro de una memoria con varias baterías; minutos antes de comenzar el examen es que se informa cuál se aplicará en la provincia. Se imprimen aquí, en una oficina de máxima seguridad, bajo un control estricto”.
Sin embargo, una regulación del Ministerio establece que las pruebas llegan a cada municipio el mismo día de su aplicación, y ese detalle se obvio en el territorio. “El viernes anterior hubo reunión de directores municipales y ellos se las llevaron. Fue una violación nuestra, aunque hayan permanecido bajo llave (…). Erróneamente, la calificación se estuvo haciendo en los municipios durante varios años”, admitió el funcionario.
Otra de las señas que alertaron a las autoridades fue que “las calificaciones no se parecían a los alumnos”.
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El fraude fue saliendo a la luz poco a poco: la prueba había viajado a Cabaiguán desde la ciudad cabecera “a través del celular de una alumna”. Miladys Raya Quesada, jefa del Departamento Provincial de Preuniversitario, declaró que “la irregularidad había sido tramada para estudiantes del IPU Honorato del Castillo”.
Según revela la información, un profesor de Química del propio preuniversitario y la metodóloga municipal de la asignatura, que era a la vez jefa del tribunal de calificación, “tenían montado todo un ‘operativo’”.
Asimismo, una profesora del centro mixto Antonio Guiteras, estaba enterada del asunto y facilitaba su vivienda para los encuentros. “(…) a juzgar por el nivel de sincronización de sus acciones [el fraude] pudo tener lugar en años anteriores”, indica el reporte.
“(…) En un momento posterior a la prueba, los alumnos estaban citados para dos viviendas, donde, ayudados por el profesor, reescribieron las respuestas en hojas foliadas, firmadas y acuñadas. Después, la metodóloga sustituyó por esas las hojas originales. Exceptuando a uno de los alumnos, todos habían pagado por ello 15 pesos convertibles” [CUC], contó el director provincial de Educación.
Como resultado final de las investigaciones, a cerca de 40 alumnos que incurrieron en el fraude se les anuló el año lectivo, pero se les ofreció el derecho a repetirlo.
Los tres adultos implicados fueron sancionados por el delito de Abuso de autoridad.
La metodóloga recibió una condena de un año y ocho meses de privación de libertad, el profesor de Química fue condenado a dos años de privación de libertad, y la “profesora cómplice” que facilitaba su vivienda, “a 10 meses de trabajo correccional sin internamiento”.
Además, se confiscaron teléfonos celulares y dinero “fruto del delito”.
El propio reporte detalla otro caso de fraude académico, ocurrido en Yaguajay, en 2018, durante la segunda convocatoria del examen de ingreso de Matemática. En esa ocasión la negligencia de quienes cuidaban las aulas habría permitido que se colaran en ellas las respuestas a los cuestionarios.
“Como resultado del proceso judicial seguido al efecto”, la funcionaria involucrada “recibió una sanción de dos años de privación de libertad, subsidiada por trabajo correccional con internamiento durante igual término”.
Otros cuatro docentes de la Universidad de Sancti Spíritus fueron juzgados como cómplices y recibieron condenas de “un año y tres meses de privación de libertad, subsidiada por igual término de trabajo correccional sin internamiento”.
