Las inversiones extranjeras en Cuba, sobre todo en la llamada Zona de Desarrollo Especial del Mariel (ZEDM), están congeladas desde que el gobierno actual de Estados Unidos decidió activar el Título III y la implementación del Título IV de la Ley Helms-Burton.
Un reciente informe de The Havana Consulting Group, afirma que desde la maniobra del presidente Donal Trump “el mercado cubano automáticamente perdió el poco atractivo que le quedaba para los interesados en invertir en el país”.
Para quienes ya estaban “inmersos en las inversiones comenzó una verdadera pesadilla”, según los expertos de la consultora económica con sede en Estados Unidos, especializada en la isla.
La falta de inversiones no es culpa solamente de la presión del gobierno norteamericano: el informe también menciona que del lado del régimen existe “la precariedad del sistema basado en una economía centralizada, la excesiva burocracia, la dualidad monetaria, la verticalidad en la toma de decisiones, los tabúes que limitan el desarrollo del sector privado, la limitación que tiene el inversionista extranjero de solo poder negociar con empresas estatales, la obligatoriedad que tienen las empresas extranjeras de contratar fuerza de trabajo local a través de una agencia empleadora perteneciente al gobierno y no de forma directa con el trabajador, etc.”.
El informe detalla algunas operaciones de inversores en Cuba, frenadas por temor de estos a sanciones de EE.UU.
La compañía Avions de Transport Régional, de capital franco-italiano, se retractó de un contrato firmado con el régimen cubano que compraría dos aviones de turbohélice ATR 72-600, utilizados para vuelos comerciales cortos.
Bouygues Batiment International, empresa francesa que lleva varios años en Cuba y en 2018 obtuvo la concesión del gobierno para ampliar y gestionar los aeropuertos “José Martí” y “San Antonio de los Baños”, también frenó operaciones. Según el informe, también se canceló el proyecto de renovación de los talleres ferroviarios cubanos, un acuerdo al que habían llegado la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF) y la Unión de Ferrocarriles de Cuba, por un valor de más de 46 millones de dólares.
Estas tres compañías, según los expertos de The Havana CG, habrían preferido retirarse antes de enfrentar en tribunales una demanda, a pesar de la protección que prometió la Unión Europea a sus empresarios.
Hasta ahora, varias demandas presentadas al amparo de la Ley Helms-Burton han sido desestimadas en tribunales estadounidenses, pero tan solo la amenaza de una restricción de visados de entrada a EE.UU. para los empresarios involucrados en inversiones en la isla, y sus familiares, es suficiente para disuadirlos.
Los expertos aseguran que donde más ha afectado el congelamiento de inversiones es en la Zona de Desarrollo Especial, ubicada en el puerto del Mariel. El régimen de la isla había cifrado esperanzas en el proyecto para atraer capital extranjero, pero no ha tenido los resultados esperados.
Ni en el 2019, ni en lo que va del 2020, los proyectos de inversión en la ZEDM crecieron. Según la consultora citada se mantienen los 43 proyectos que había en el 2018, aunque algunos avanzaron de la fase de construcción a la de operaciones. Son malas noticias para la economía cubana, que necesita unos 3 mil millones de dólares en inversiones al año.
Según The Havana CG, algunos proyectos que se anunciaron como firmados, se han paralizado desde hace más de un año, como el de la Empresa Mixta Salado Resort, la cual tiene como socios a la empresa española Globalia, representado en este caso por la empresa El Salado Resort S.L. y Cubagolf S.A. (Sociedad Mercantil perteneciente a la Empresa Extra Hotelera Palmares S.A. de Cuba). La empresa conjunta pretende construir en la isla un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de 250 habitaciones cinco estrellas y otro de 500 de cuatro estrellas, centro de convenciones, spa, un centro comercial y vender 3 mil apartamentos.
El informe asegura que “tras once años de intensas negociaciones para llegar al acuerdo de crear la empresa mixta, toda la gestión se ha quedado en el deseo”.
Solo 24 empresas de las 43 aprobadas en la Zona Especial están en operación y 19 en proceso de inversión. Unas seis son de capital 100% cubano, 24 son de capital 100% extranjero y 13 de capital mixto. En 2016 y 2017 fue cuando más empresas se aprobaron, con 11 y 15 proyectos respectivamente. Ya en 2018 solo aprobaron 9 empresas, y ninguna más desde entonces hasta hoy.
Según The Havana Consulting Group, la Zona Especial del Mariel sería vulnerable a las demandas bajo la Ley Helms-Burton, pues está ubicada en una región donde existían cuatro centrales azucareros y otras empresas que fueron confiscadas por la revolución cubana, y nunca compensadas.
“La actual crisis económica que presenta el país, agravada por la fuerte disminución del soporte financiero venezolano, el declive del turismo en el 2019, la disminución de las exportaciones, el incumplimiento de pago de la deuda externa con algunos acreedores del Club de París, más el congelamiento de las reformas dibujan un panorama sombrío y poco atractivo para la inversión extranjera” afirma el informe de la consultora.
