El español José Ramón López, de 65 años, mantiene la esperanza de recuperar el hotel Jagua, de Cienfuegos, que perteneciera a su padre, un empresario cercano a Fulgencio Batista. Almenos espera recibir una compensación. José López Vilaboy lo perdió en 1959, cuando la Revolución Cubana se le expropiara por su complicidad con el gobernante depuesto.
Desde hace años su hijo batalla con Meliá Hotels, actual operadora del inmueble, para que se lo devuelvan. Él cree que la única oportunidad la tiene con la entrada en vigor de la totalidad de la ley Helms-Burton, confesó al diario español ABC.
En realidad, José Ramón no espera que le devuelvan nada, sino que le den una compensación por lo que perdió su padre. “Cuba no devolverá nada hasta que mueran los Castro. Por ello, participo en la demanda contra Meliá porque explota algo que era de mi padre y que es mío, porque soy su único heredero”, declaró.
A su juicio, la actitud del gobierno español en el asunto ha sido vergonzosa, porque prefirieron apoyar a Meliá que a un ciudadano como él. Lo amenazaron con llevarlo ante las corte en Estrasburgo y la Organización Mundial del Comercio, aunque no llegaron a cumplir su palabra. “Ojalá este gobierno acabe pronto porque van a hundir a España”, agregó.
A López Vilaboy, su padre, se le atribuyen 22 empresas en propiedad, pero nunca quedó claro cuáles eran suyas y en cuáles fungía como testaferro de Fulgencio Batista.
Cuando salió de Cuba, en enero de 1959, dejó atrás un pleito judicial no resuelto por su deuda con el Banco para el Fomento Agrícola e Industrial de Cuba (Banfaic). A comienzos de la década de 1950, el Banco Nacional de Cuba detectó negocios turbios en el Banco de Fomento Comercial, en el que López Vilaboy era el mayor accionista, y lo obligó a salir de la sociedad.
Vilaboy estuvo en muy buenos tratos con el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), entidad paraestatal controlada por el gobierno de Batista. De Bandes recibió 600 mil pesos para el hotel Jagua, cuatro millones para el aeropuerto de Rancho Boyeros, diez, para la Financiera del Fósforo y 23 millones para Cubana de Aviación. Su posición privilegiada en esa compañía área la traspasó a Batista.
A inicios de 2019, el presidente Donald Trump activó el Título III de la Ley Helms Burton, que pretende, entre cosas, otorgarle el derecho de reclamación a quienes no eran ciudadanos de Estados Unidos, en concreto, a cubanos, cuando sus propiedades fueron nacionalizadas o se marcharon del país abandonándolas a principios de la Revolución.
