Díaz-Canel critica "leyes extraterritoriales que atentan contra la soberanía de los países"

Miguel Díaz-Canel celebró este jueves que un Juzgado de Palma de Mallorca archivara la demanda cubanoamericana contra la cadena Meliá Hotels International
Miguel Díaz-Canel
 

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La cabeza del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel celebró este jueves que un Juzgado de Palma de Mallorca archivara la demanda cubanoamericana contra la cadena Meliá Hotels International.

La jueza archivó la demanda al considerar que no posee la jurisdicción necesaria y porque España no tiene competencia para que sus juzgados resuelvan pleitos sobre inmuebles situados fuera de su territorio.

De acuerdo con Díaz-Canel, "No se acepta la imposición de leyes extraterritoriales que atentan contra la soberanía de los países".

 

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Palma, aunque dada su contundencia, que acepta la totalidad de los motivos planteados por Meliá, será difícil que dicha apelación prospere.

Central Santa Lucia manifiesta haber sido, antes de la Revolución Cubana de 1959, propietaria de unos terrenos sitos en Playa Esmeralda (Cuba), expropiados por el Estado Cubano tras la aprobación de la Ley 890 de 15 de octubre de 1960, fundamentaba su demanda en un pretendido enriquecimiento ilícito de Meliá derivado de la gestión de los hoteles Sol Río y Luna Mares, y Paradisus Rio de Oro.

 

 

La demanda fue presentada por los herederos de Rafael Lucas Sánchez Hill, que fue dueño de la finca azucarera Santa Lucía, expropiada por el gobierno revolucionario cubano en la provincia de Holguín, donde están los hoteles Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares, de los que es propietaria la empresa estatal Gaviota y que gestiona Meliá Hotels International. Desde 2004, los Sánchez Hill reclaman a la hotelera española una compensación por el uso de una propiedad que consideran que se les arrebató de forma ilegítima.

En declaraciones a Granma de Gabriel Escarrer, vicepresidente de Meliá, la importancia de esta resolución no radica únicamente en que se trata de la primera dictada por un Tribunal tras la activación de la Ley Helms Burton.

"Los Tribunales de otro país no pueden entrar a revisar la legalidad de una ley de Cuba de año 1960 o de los actos realizados por un Estado soberano en su ejecución", dijo Escarrer.