El prisionero político, Maykel Herrera Bones, además enfermo de VIH, denunció este martes que la Seguridad del Estado lo amenazó por contarle su situación al mundo.
En un audio al que tuvo acceso ADN Cuba, se escucha a Herrera Bones, desde la prisión de Güines, explicando que agentes represores, junto con la Dirección del centro, le comunicaron que si él seguía denunciando sus problemas, "no podrían hacer nada" por él.
"Si yo seguía denunciando que estoy preso injustamente, que no nos atiende el médico adecuadamente y que tengo problemas serios de salud, si yo seguía haciendo esto, ellos no podían hacer nada por mí", comentó el opositor de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu).
Por último, Maykel dijo: "no me voy a callar la boca, abajo la represión y voy a seguir diciendo la verdad. Estoy siendo objeto y víctima de represalias por parte de la tiranía".
En agosto, el preso político, promotor de la iniciativa Cuba Decide, realizó una huelga de hambre para exigir que lo atendieran médicos del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí donde hay expertos en su enfermedad, recuerda Radio Televisión Martí.
Sin embargo, a pesar de que le prometieron revisar su caso para que depusiera su huelga, en definitiva “nunca atendieron sus reclamos” y su salud se debilitó mucho más, llevando a que dejara la protesta.
Radio Televisión Martí expone que Maykel Herrera Bones, integrante de la Unpacu, fue detenido el 16 de abril por discutir con un policía que, vestido de civil y sin identificarse, intervino para tratar de detener una protesta de Herrera por la falta de servicio eléctrico en su vecindario, en La Habana.
Al cierre de agosto, la ONG Prisoners Defenders (PD) publicó una lista actualizada de los presos políticos en Cuba, sumando cinco nuevos, para un total de 136.
Según el informe de PD, se trata de cuatro nuevos convictos de conciencia y un condenado de conciencia.
Dicha ONG también reconoce otros 11,000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8,400 de ellos convictos y 2,538 condenados, censados con datos oficiales a 31 de diciembre de 2019, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, por cargos denominados en el Código Penal como “pre-delictivos”.
