El régimen de Cuba no investiga los maltratos denunciados por familiares de presos políticos que aseguran haber recibido golpizas en centros penales de Holguín y Santiago de Cuba, reportó este domingo Radio Televisión Martí.
Tal es el caso de Maikel Mediaceja Ramos, quien, de acuerdo con el Directorio Democrático Cubano, fue detenido el 12 de septiembre de 2017 y encarcelado gracias a “una farsa judicial” tras ser acusado por un oficial del Ministerio del Interior (Minint). Sobre el opositor alega la ONG que: “En prisión, la policía política ordenó a presos comunes que le atacaran debido a su negativa a aceptar el programa carcelario de 'reeducación comunista'. Uno de los atacantes tenía un objeto cortante y en el forcejeo terminó él mismo lesionado”.
Sin embargo, la Fiscalía Militar de Santiago de Cuba rechazó que el activista fuera golpeado en el centro penitenciario de Boniato, donde cumple una sentencia de seis años de privación de libertad por “atentado” y “lesiones”.
Odalis Mediaceja, tía del preso político, presentó una queja ante el órgano militar por una de las golpizas denunciadas por el activista, específicamente la que habría ocurrido en julio de 2018, y, aunque los funcionarios prometieron esclarecer los hechos, no lo han hecho, según el medio citado.
Mediaceja, integrante de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), declaró en una grabación de audio enviada a Radio Televisión Martí que el 14 de julio de 2018, tras pedir asistencia médica, varios prisioneros miembros del “Consejo de Reclusos” lo sacaron de su celda y le dieron “una paliza” que lo dejó con dos costillas y un dedo de la mano fracturados.
El opositor asegura que en ese momento una doctora atendió sus heridas y le hizo un certificado por lesiones, pero que, en su criterio, el documento fue cambiado por la dirección de la prisión, que habría enviado a la Fiscalía Militar un nuevo certificado emitido por el médico de otra cárcel, en el que no están registrados los daños.
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Pero los reclamos de los familiares de Maikel Mediaceja solo han conseguido que este “pierda, temporalmente, sus beneficios a la llamada telefónica o al pabellón conyugal. Los agresores nunca han sido castigados”, informó Radio Televisión Martí.
“La dirección de la prisión, encabezada por el teniente coronel Alain Rivero Montero, es cómplice de la golpiza que me dieron y de la falsificación del certificado médico”, alega el preso político.
Por otra parte, Yosvany Rosell García Caso, condenado a 15 años de cárcel por el supuesto delito de “sedición” durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Holguín, denunció haber sido objeto de abusos en el penal de El Yayal. El motivo de la golpiza habría sido su negativa a vestir el uniforme de preso común y ponerse ropa blanca en el primer aniversario de las protestas masivas.
En una carta pública fechada el 3 de septiembre de 2022, el joven holguinero denunció: “aproximadamente 10 esbirros iniciaron la violencia física contra mí, aplicando técnicas de luxación, golpes a mano abierta para no partir, ahorcamiento, y se paraban con sus botas encima de mi cabeza, manos y pies, contra el piso. En medio de ese acto de cobardía, me pusieron la ropa de preso, me esposaron hasta donde el hueso no permitía cerrar más (…), y me llevaron para la compañía sin ninguna de mis pertenencias”.
Debido a estos actos de violencia, Mailín Rodríguez Sánchez, esposa de Yosvany, fue “a la delegación de Cárceles y Prisiones de aquí, de Holguín, a formular una queja”, pero “me dijeron que tenían información de que mi esposo no había sido tocado en ningún momento”, declaró a Radio Martí.
