Unos 33 manifestantes, acusados por el delito de sedición y pertenecientes al municipio 10 de Octubre serán juzgados del 31 de enero al 7 de febrero, incluidos seis menores de edad.
Una actualización del grupo Justicia 11J exige que estos procesos sean cubiertos por medios de prensa, “como ÚNICA GARANTÍA de que, medianamente, sean respetados el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado, el derecho a una participación efectiva, la presencia y examen de testigos, contemplados en la sección "Garantías de un juicio imparcial", de la Observación no. 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño (2017)”.
Justicia 11J difundió un listado con los nombres de los acusados, cuya mayoría no supera los 30 años de edad y recalcó que los juicios de los mayores de edad deberían televisarse a nivel nacional.
Sobre los delitos que pesan contra los manifestantes de Toyo afirma la publicación que “en muchos escenarios, según los vídeos consultados en plataformas de redes sociales en su total extensión, aunque luego modificados muy visiblemente en los juicios a puerta cerrada, la respuesta violenta de los manifestantes respondió a la legítima defensa, tipificada en los artículos 21.1-5 del Código Penal”.
Señalaron a su vez que “a pesar de las campañas generadas en redes sociales a tales efectos, no hemos sabido que haya sido permitida la entrada a los Tribunales a los medios independientes cubanos ni a los medios internacionales”, a raíz de la difusión de juicios en la televisión nacional, donde los familiares de los presos muestran arrepentimiento.
El subregistro de detenciones de Cubalex y Justicia 11J recoge la existencia de 1393 detenidos en total por su participación en las protestas del 11 y 12 de julio. De esta cifra, 730 se mantienen en prisión, 71 de ellas son mujeres.
Han sido excarcelados, hasta la fecha 624 ciudadanos, muchos aún esperan la fecha de juicio bajo medida cautelar de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria.
Un total de 295 serán procesados por atentado y 43 por el delito de sabotaje contra la seguridad del Estado.
