María de las Mercedes Naranjo Carnesoltas, madre de dos menores de edad, llevaba más de dos años a la espera de la vivienda prometida por el Gobierno municipal de Diez de Octubre por el caso de su hija, Yahaira Diéguez Naranjo, diagnosticada con neuropatía sensitiva autonómica hereditaria tipo IV.
El pasado 3 de octubre, Naranjo Carnesoltas decidió ocupar un local abandonado, perteneciente a una antigua fábrica, ubicado en la calle Enna entre Manuel Pruna y Rosa Enríquez, en Luyanó, de donde no saldrá “a menos que venga Miguel Díaz-Canel porque estoy cansada de las mentiras y las promesas”.
“Mi casa está a punto de derrumbarse, ya mi hija tiene cinco años y en cualquier momento se me muere porque no tiene la calidad de vida que recomiendan sus médicos porque su enfermedad es incurable”, declaró la mujer a ADN CUBA.
El pasado 29 de abril Yahaira fue ingresada por un cuadro de osteomielitis que le afectó otro dedo del pie derecho, y como resultado hubo que recurrir a la amputación. Hace apenas quince días fue dada de alta.
Entre las afectaciones patológicas que la neuropatía sensitiva autonómica hereditaria tipo IV provoca en la niña, se encuentran el síndrome febril intermitente, la anemia ferropénica, la inmunodeficiencia combinada severa, la epilepsia asintomática, y el retraso en el desarrollo psicomotor y del lenguaje.
A inicios de enero de 2017 las autoridades del gobierno de Diez de Octubre, de conjunto con funcionarios de Vivienda, Salud Pública y Seguridad Social, prometieron a María de las Mercedes Naranjo ocuparse de su caso, con la asignación, en primera instancia, de un aire acondicionado y un refrigerador. Promesas que han sido incumplidas.
Un informe emitido por el policlínico Raúl Gómez García, reconoció que las condiciones de la vivienda donde reside— Tamarindo #35, entre calzada de Diez de Octubre y Rabí— no eran apropiadas y que sus familiares tenían “una precaria situación económica y social”.
El 31 de julio de ese mismo año, en la dirección de Seguridad Social le notificaron que se le había aprobado la asignación de una vivienda. Sin embargo, también le explicaron que quien otorgaba las casas era Vivienda en coordinación con Planificación Física y el Gobierno.
“Aún estoy esperando, y durante todo este tiempo han sido evasivas y mentiras”, dice María de las Mercedes.
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EMBARAZADAS Y NIÑOS EN CONDICIONES INFRAHUMANAS
Una veintena de mujeres, tres de ellas embarazadas, junto a unos 25 menores de edad, también decidieron ocupar el mismo local de la antigua fábrica. Todas, al igual que la madre de Yahaira, llevan más de dos años “peloteadas por las autoridades de Vivienda”.
Solamente otras dos mujeres accedieron a relatar sus situaciones. El resto alegó tener esperanzas en que “la Revolución resolverá nuestros problemas”.
“Hace cinco años me presenté en Vivienda porque vivo en una casa de madera que se está cayendo y solo he recibido peloteo, chantaje y propuestas de sobornos”, contó Juana Mercedes Martínez Gutiérrez, madre de un menor de edad diagnosticado con retraso mental moderado.
“Hasta me han dicho que con 500 CUC te damos una propiedad a nombre de quien tú quieras en una semana… ¿de dónde voy a sacar ese dinero si tengo que vivir de alquiler en alquiler? Según la trabajadora social yo tengo hecho un expediente, pero resulta que no aparece”, dijo Martínez Gutiérrez.
Yaquelín Téllez Hernández, vivía en condiciones infrahumanas junto a su hija y dos nietos en su residencia de origen. “Nosotras estamos aquí todas por casos graves de viviendas, donde los Gobiernos municipales [Diez de Octubre y Cerro] no nos dan una respuesta a nuestros problemas”, comentó.
“Por eso decidimos, por nuestros medios propios, ocupar este local. Sabemos que es ilegal, pero lo único que exigimos es que resuelvan nuestra situación, y eso solo lo lograremos haciendo presión”, añadió la mujer, y comentó que en la Constitución cubana “no existe el desalojo”, en respuesta a las amenazas que han recibido por autoridades y funcionarios.
Las únicas autoridades que se han personado han sido una funcionaria de la dirección municipal de Albergues, y el antiguo director de la fábrica. Este último les advirtió en que serían desalojadas “a las buenas o a las malas”.
El local se encuentra sitiado las veinticuatro horas, por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que impiden que otros se solidaricen con ellas y les hagan llegar alimentos y agua, a pesar de que más de 20 menores de edad permanecen allí.
Vecinos y familiares burlan el cerco para abastecer a las casi 50 personas que se encuentran ocupando la antigua fábrica, sin energía eléctrica y sin agua corriente. Las mujeres no permiten el acceso a personas que no sean familiares, pues temen un desalojo violento en horas de la madrugada, como ha ocurrido en casos similares.
