La familia Miranda Leyva es víctima de acoso y persecución constante por parte de los esbirros de la Seguridad del Estado cubano, así como por grupos para policiales de las Brigadas de Respuesta Rápida.
Un minuto de sosiego no tienen estas mujeres bravas que conforman el Comando Olegario Sharlot Espileta, perteneciente a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en la provincia de Holguín.
Ada Iris Miranda Leyva es la madre de Tahimí Rodríguez Miranda y Alain Michel Rodríguez Miranda, de 13 y 12 años respectivamente. Dos niños que en las escuelas han sufrido actos de repudio, ofensas, amenazas y golpizas por ser hijos de la opositora y ex presa política.
Por estar amenazados de muerte, desde 2017 no pueden hacer uso del universal derecho a la educación debido a las condiciones inhumanas en que son tratados por maestros bajo presiones de agentes de la Seguridad del Estado.
Para dormir la familia tranca las maltrechas puertas y ventanas usando gruesas barras de hierro por temor al ataque nocturno y sufren la agresividad constante de vecinos, que instados por la dictadura, los ofenden en todo momento.
Ada Iris está siendo acusada actualmente de “actos contrarios al normal desarrollo del menor”. Con esto los esbirros pretenden arrebatar a los niños de la familia para presuntamente internarlos en una de las cárceles infanto-juveniles bajo el mando del Ministerio del Interior (MININT).
Cualquiera que por alguna razón haya visitado uno de estos centros sabrá lo terrible que puede ser la existencia en estos lugares y los abusos que allí se cometen.
Allí se pretende recluir a estos inocentes de miradas limpias que han sido criados con sacrificio por esta familia de escasos recursos, que a duras penas vive, pero que llevan en sí mucho decoro y dignidad.
El delito de estas madres ha sido educar a Tahimí y a Michel en el más profundo amor a la patria, “el odio invencible a quien la oprime, el rencor eterno a quien la ataca”, el respeto estricto a los derechos humanos, la conducta correcta, la moral alta y la búsqueda constante del bien.
No son estas mujeres las que atentan contra el normal desarrollo de los menores, es la dictadura.
Deberían ser acusados por otros “actos contrarios al normal desarrollo del menor”, las maestras que los golpearon e impulsaron a sus compañeritos de estudios a repudiarlos vilmente, a los vecinos agresores y maldicientes que gritan improperios cada día y agreden a la familia en todo lugar, a los sicarios de los grupos parapoliciales, a los agentes de la Seguridad y al Estado mismo.
La familia Miranda Leyva, como cada ciudadano de este país, es legalmente indefensa pues no habrá abogado valiente que se oponga a la injusticia e impida este crimen monstruoso.
Por eso levantan su voz para exigir que se respete el derecho humano de poder criar a sus hijos y educarlos de la manera que ellos entiendan correcta.
La familia, incluyendo los menores, declara que entraran en huelga de hambre si esta sentencia es impuesta sobre ellos y piden el apoyo y la solidaridad de todas las personas de bien tanto dentro como fuera de la isla.
Es imprescindible que este caso se dé a conocer en todos los medios posibles, es urgente que se hagan campañas y que se desarrollen acciones para impedir esta barbarie.
Estos niños están en grave peligro.
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Amenazas, arrestos y juicio pendiente contra la familia Miranda Leyva
El medio independiente CubaNet reportó que el pasado 8 de septiembre Ada Iris y su hermana, Ana Iris, fueron detenidas arbitrariamente a la salida de su vivienda en Holguín, cuando se iban a sumar a la iniciativa "Revolución de los Girasoles" convocada por la UNPACU para reclamar pacíficamente por la libertad de los presos políticos y los derechos humanos en Cuba.
Ante el incremento de acciones represivas por parte de la Seguridad del Estado, Ada Iris se dirigió a la Dirección de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior (MININT) el día 18 de este mes, -según precisa el medio citado- con el propósito de denunciar al coronel Lázaro y el teniente coronel Alejandro, ambos de la SE, “por abuso de poder y corrupción”.
En ese momento las acusaciones que recaen sobre ellas relacionadas con “actos contrarios al normal desarrollo de los menores”. Se le notificó además que “el expediente de su causa ya estaba en la Fiscalía, y que en una semana sería llamada a declarar en el juicio para quitarles a sus hijos”.
