La organización de derechos humanos Prisioners Defenders (PD) publicó su lista mensual de “convictos y condenados políticos” en Cuba, cuya cifra aumentó hasta 272 personas. Asimismo, denunció “torturas” a detenidos tras las protestas que estallaron el 11 de julio (11-J).
PD, con sede en Madrid, calificó el mes de julio como “trágico para los cubanos”, y estima en miles las detenciones en todo el país, aunque la cifra exacta es imposible de determinar por la ausencia de reportes oficiales y la prohibición del trabajo a ONGs internacionales de derechos humanos.
La entidad también denunció las dificultades para que los acusados obtengan representación legal: “Los abogados en toda Cuba están recibiendo órdenes, o muchos autocensurándose, para que no se entreguen documentos a los familiares”.
Un comunicado de Prisioner Defenders asegura que la lista ha tenido “intentos de penetración con registros falsos, por parte de agentes o informantes. Algunos de los registros suministrados eran nombres de agentes en activo de la Seguridad del Estado”.
Por las dificultades de recabar la información en el terreno, y la ola represiva de los últimos 20 días, PD reconoce que este listado “es parcial, y no creemos que esta lista cubra ni el 30% de los casos de prisión preventiva ilegal y de conciencia que podría haber habido durante julio”.
La relación de nombres confirmados por PD recoge 272 presos y condenados políticos. De ellos, 124 nuevos “Convictos de Conciencia” solo en el mes de agosto.
Brutalidad y acoso contra disidentes
Según la ONG, las “torturas” que están sufriendo las víctimas del 11J en Cuba clasifican como “crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de forma masiva sobre población indefensa, tan sólo por motivaciones políticas”.
Al respecto, mencionan a las “hermanas que constan en la lista que Naciones Unidas está tramitando como dos desapariciones forzosas en base a la denuncia de Prisoners Defenders: Angélica Garrido Rodríguez y María Cristina Garrido Rodríguez”.
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Las hermanas Garrido Rodríguez se manifestaron el 11J, por lo que fueron “arrestadas brutalmente y golpeadas” por dos patrulleros donde había 6 policías uniformados.
Luego de varios episodios de abusos, María Cristina fue trasladada “hacia un lugar llamado Prisión de SIDA”, ubicado en el pueblo de San José de las Lajas, donde continuaron las golpizas y la confinaron en una estrecha celda, según la ONG.
“A María Cristina y su hermana Angélica se les acusa de desórdenes públicos, resistencia, propagación de epidemia, atentado, y de [ser] 'organizadoras de la manifestación'”, cuando no se tienen pruebas contra ellas, refiere PD.
Actualmente, las hermanas están encarceladas en el Técnico de San José de las Lajas. María Cristina Garrido es madre de dos niños de 11 años de edad, y Angélica Garrido de dos niños, uno de 15 años u el otro de 13 años.
Los casos que “más preocupan” a Prisioners Defenders en este momento son las personas que se oponen abiertamente al régimen, “apresados gran parte de ellos sin que siquiera hubieran tenido oportunidad de participar en las manifestaciones”, porque fueron detenidos antes de llegar a las protestas, y a otros los arrestaron tras el estallido social, buscándolos en sus casas.
Entre las víctimas de la represión se mencionan a Marisol Peña Cobas y José Luis Acosta, y a otros más conocidos e influyentes: José Daniel Ferrer, Félix Navarro Rodríguez, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo (Osorbo). A ellos “el gobierno no los quiere recorriendo las calles”, denunció PD.
