La Fiscalía Provincial de La Habana pidió 20 años de cárcel para el cubano Elier Padrón Romero, quien protestara pacíficamente el 11 de julio, según denunció en redes Marcel Valdés.
Padrón Romero, de 26 años, es natural de Arroyo Naranjo, La Habana y es otro de los manifestantes sometido a altas peticiones fiscales por participar en las emblemáticas manifestaciones gubernamentales que se desarrollaron en Cuba el domingo 11 de julio.
Agrega Valdés que la condena original era de 18 años de privación de libertad y ahora la han cambiado a 20.
La madre de Padrón Romero contó a Valdés que el joven, actualmente retenido en la prisión Valle Grande, ha sido maltratado en su paso por las diferentes instituciones policiales y penales.
“(…) entrando a la estación de Policías “Capri” le dieron tantos golpes que perdió el conocimiento, después cuando lo trasladan a la estación del Cotorro cada 2 minutos era una golpiza, lo escupían y le lanzaban agua”, especifica la publicación en Facebook.
Un reporte reciente del grupo de activistas Justicia 11J, que recopila denuncias de detenidos y desaparecidos tras las protestas de julio, aclara que la Fiscalía Provincial de La Habana “ha comenzado a utilizar el delito de sedición con una connotación política para enjuiciar a jóvenes de La Güinera que salieron a manifestarse”.
Por el momento, las condenas para los ciudadanos rebasan los 20 años de privación de libertad en la mayoría de los casos, lo que evidencia el uso de la sedición “como delito político contra personas que exigen derechos elementales y que no tienen formación política”.
Entre los ejemplos de estas peticiones ejemplarizantes está el caso de Emiyoslán Román, a quien “esperaron que cumpliera 18 años de edad en prisión para proponer condena de 15 años”, y de Elieser Gordín Rojas, para el que solicitan 27 años en prisión.
De tal modo, la Fiscalía exige condenas de 20 años de condena para dos ciudadanos, 21 años para 15, 25 años para ocho y 15 para cinco manifestantes.
La organización sin fines de lucro, Cubalex informó que se han registrado más de 1 130 detenciones tras el estallido social. Continúan prisioneras 572 personas y varias han denunciado “actos de tortura y malos tratos”.
