El preso político cubano Yosvanis Rosell García Caso anunció que entrará en huelga de hambre “hasta las últimas consecuencias”, tras su juicio por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Holguín.
García Caso, de 32 años de edad, tiene una petición fiscal de 30 años de cárcel por convocar a sus vecinos a salir a las calles a protestar pacíficamente contra la falta de electricidad en la zona. Este lunes, en vísperas de su juicio, emitió un mensaje desde su cautiverio en el que advierte que iniciará una huelga de hambre para denunciar las injusticias de su caso, informó el Directorio Democrático Cubano en un comunicado.
“Yo, Yosvanis García, preso político del 11 de julio, me voy a plantar después del juicio para que tengan que tomar una medida justa conmigo, ya que todo lo que están haciendo es arbitrario, y están violando todos los derechos de nosotros”, denunció el joven obrero en un audio.
“Yo no he cometido delito. Y me voy a plantar hasta las últimas consecuencias”, añadió. Su esposa Maylín Rodríguez Sánchez pidió apoyo internacional para que los medios de prensa y las organizaciones de derechos humanos reporten las irregularidades de los juicios.
En un video publicado por Radio República, Rodríguez Sánchez recalcó que su pareja pedía “Democracia, Patria y vida, y libertad”.
“La represión en contra de él es abusiva ya. Lo tienen aislado y sin darle su hora de sol, sin permitirle llamadas telefónicas y sin asistencia médica”, denunció la esposa de Yosvanis Rosell García a finales de diciembre, en declaraciones a Radio Martí.
Según Maylín Rodríguez, ha tenido que cambiar de abogado en dos ocasiones por el “mal trabajo” que realizan. “Tú vas y les preguntas y nunca saben nada. Tienen miedo de dar información y no saben darte una respuesta, siempre evadiendo las preguntas”.
Yosvany Rosell García Caso es padre de tres hijos menores, herrero con licencia y tiene un taller de soldadura en la capital holguinera. Con su trabajo por cuenta propia sustentaba el hogar hasta que fue detenido arbitrariamente.
Lea también
Este martes 11 de enero comienzan los juicios contra un grupo de 20 manifestantes del 11J en Holguín, incluyendo 4 menores de edad. El régimen los acusa de varios delitos, entre ellos “sedición”, organización y participación en manifestaciones violentas para “alterar el orden social socialista consagrado en la Constitución” y de mantener vínculos con contrarrevolucionarios fuera de Cuba a través de las redes sociales.
En cambio, “en la petición fiscal la dictadura reconoció que armó a cerca de 40 personas en el reparto Plaza de la ciudad de Holguín con palos para hacer un cordón de seguridad que le impidiera el paso a los manifestantes”, denunció el Directorio Democrático Cubano.
El régimen cubano los acusa de formar grupos para transmitir un estado de inconformidad generalizada que alentara a transeúntes y vecinos a unirse a las protestas y gritar consignas que “laceraron profundamente sentimientos patrióticos”, así como de apedrear instituciones del Estado.
Entre los acusados, para quienes el fiscal Francisco Sera Planas solicita entre 15 y 30 años de privación de libertad, están los menores de edad Keyla Roxana Mulet Calderón (16 años), Ayan Idalberto Jover Cardoza (17 años), Yeral Michel Palacio Román (17 años) y Ernesto Abelardo Martínez Pérez (17 años).
