El régimen cubano, a través de sus voceros del programa Con Filo, se eximió de culpas por desterrar a la activista Anamely Ramos y culpó a la aerolínea American Airlines por la violación de los derechos humanos de la cubana.
En la más reciente emisión del criticado programa, la presentadora Gabriela Fernández Álvarez afirmó que la empresa aérea era la principal responsable.
"Hasta ahora la negativa más directa y objetiva no se la dimos nosotros, pero los medios tienen un culpable claro, porque como siempre Miami se lo confirmó" señaló Fernández Álvarez.
Hasta el momento, la respuesta de American Airlines (AA) sobre el caso es que Cuba impidió la entrada de Ramos.
Un comunicado de AA expresa que “En todos los países en los que operamos, los requisitos de ingreso y la admisibilidad de los viajeros los determinan las autoridades de cada país, no las aerolíneas. American no tenía discreción ni elección en este asunto”.
Ramos viajaba desde el aeropuerto de Miami hacia Cuba, donde aún posee residencia y bienes. El destierro del que la hace víctima la dictadura cubana, con la anuencia de una empresa aérea estadounidense, crea un precedente para otros cubanos que disienten fuera del país y que podrían ser impedidos de regresar al país en un futuro.
Tras la negativa de la aerolínea, varias han sido las reacciones adversas en redes, incluida una carta abierta en rechazo a su actuación como empresa estadounidense por parte de la organización Cultura Democrática.
En la misiva, dirigida a W. Douglas Parker –presidente y director ejecutivo de American Airlines– se señala que la aerolínea “se adhirió a los 10 Principios del Pacto Global de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Lamentablemente, un año después de haber asumido públicamente dicho compromiso, en el día de la fecha la empresa que usted representa ha violado al menos el Principio 1 y 2 cuando la Srta. Anamely Ramos González, ciudadana cubana con número de pasaporte J099251, fue impedida de abordar uno de los aviones de AA y viajar desde Miami a La Habana”.
Según Micaela Hierro Dori, presidenta de la ONG con sede en Argentina, al impedir que Ramos abordara el vuelo los funcionarios de AA “violaron el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir el derecho a la libertad de movimiento, incluido en el Principio 1 del Pacto Global que afirma que 'Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente dentro de su ámbito de influencia'”.
Cultura Democrática apunta que “al cumplir con un protocolo y órdenes de las autoridades migratorias del Gobierno Totalitario de Cuba sin ningún sustento legal han violado el Principio 2 que afirma que 'Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos'”.
La organización solicita que la directiva de la compañía aérea revise el caso de la historiadora de arte cubana, “para que se le permita regresar a su hogar”, y que “replantee en su empresa el compromiso que los derechos humanos serán priorizados ante cualquier protocolo o procedimiento”.
