Activistas opositores, periodistas independientes y artistas crearon en Cuba un nuevo proyecto de resistencia cívica, el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión (MOLE).
“Esta organización ha nacido producto de la indignación colectiva, pero también resultado de un contexto cada vez más represivo, fundamentalmente a raíz de la crisis por la COVID-19 y la imposición de multas asociadas al Decreto-Ley (DL) 370, la Ley Azote”, declaran los organizadores.
MOLE está integrado por periodistas independientes, artistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y cubanos de la sociedad civil independiente que pretenden exigir la derogación tanto del artículo 68, inciso i, del Decreto-Ley 370 como de todas las regulaciones nacionales que atenten contra la libertad de expresión en Cuba.
Asimismo, la organización se propone vigilar las acciones del gobierno cubanos que puedan coartar la libertad de expresión, informar y denunciar ante la opinión pública y los organismos internacionales estos atropellos, brindar apoyo emocional y acompañamiento legal a las personas víctimas de violaciones de este tipo y promover la educación cívica.
Según los organizadores del movimiento, MOLE aspira a convertirse en un movimiento que suscite y favorezca la democracia, las libertades y los derechos humanos en Cuba.
El Decreto-Ley 370 o Ley Azote, entró en vigor el 4 de julio de 2019, pero no fue hasta enero de 2020 que comienzan a hacer públicos sus efectos: periodistas independientes amenazados, persecución contra intelectuales y activistas. Expertos consideran que Cuba vive la ola represiva más grave desde la Primavera Negra de 2003.
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Entre enero y mayo de 2020, un total de 21 periodistas, comunicadores, activistas, disidentes y ciudadanos cubanos han sido azotados en virtud de esta disposición legal, y al menos una docena de personas han sido amenazadas con sus castigos. La aplicación de la norma conlleva una multa de 3 000 pesos (120 dólares) y el decomiso de equipos de trabajo, en este caso los teléfonos celulares y ordenadores.
El 6 de mayo organizaciones de la sociedad civil publicaron un comunicado su preocupación y repudio respecto a la persecución de periodistas y actores independientes en Cuba, la cual se ha visto agravada desde principios de este año y particularmente a partir de la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus.
El Decreto-Ley 370, y en particular su artículo 68 inciso i), establece, de una forma vaga e imprecisa, como contravención la acción de “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.
Esta cláusula contraviene los estándares en materia de libertad de expresión y restringe este derecho en base a objetivos que no son legítimos según lo previsto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada por Cuba en 2008, pero que no ha ratificado.
