Familiares de los presos políticos cubanos de conjunto con activistas cubanos exiliados crearon, vía internet, la "Asociación de familiares por la libertad de los presos políticos cubanos”, cuyo fin será la excarcelación de todos presos políticos cubanos.
Los disidentes cubanos María del Carmen Martínez Recio, residente en España, y Jorge Luis García Pérez "Antunez", radicado en Miami, acompañaron a los familiares en esta empresa.
El espacio donde nació este proyecto fue coordinado y dirigido por Martínez Recio y se detallaron allí los problemas de las familias de los presos políticos.
Cortes de internet impidieron que otros cubanos del centro y oriente de la isla participaran del evento.
El objetivo de la asociación es convertirse en una fuente de apoyo para estas familias y los presos políticos. Poseen como referente al "Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel".
La asociación invita a las personas cercanas a los presos políticos, a unirse a la causa y lograr su excarcelación.
La estructura ejecutiva tiene 7 coordinadores, en su mayoría madres y hermanas de presos políticos.
Las estadísticas sobre presos políticos en la isla aumentaron tras el estallido del 11 y 12 de julio.
La ONG Prisoners Defenders registró la existencia de 842 presos políticos en Cuba al cierre de 2021, de ellos unos 132 detenidos y procesados bajo el cargo de “sedición”. Al menos 137 prisioneros han sido sentenciados con penas de más de diez años de privación de libertad.
Los cubanos están utilizando las redes sociales para identificar y difundir información sobre represores y colaboradores del régimen comunista, entre ellos los miembros del sistema judicial que contribuyen a las duras condenas políticas contra los manifestantes del 11J.
Los fiscales Luis Enrique Corcho Rosa, Dagmaris Jaca Seco, Mabel Palacios Aties, Francisco Sera Planas, Liliam Fernández Berro, Yerandy Calzadilla Dávalos; así como los jueces Maikel Santana Cabrera, Lourdes García Gómez, Elizabeth Águila Camacho, Ileana Freijes Tejera y Fernando Torriente Llovet, entre otros, han sido denunciados por procesos judiciales arbitrarios contra los participantes en las manifestaciones, a quienes solicitan y dictan sentencias de entre uno y 30 años de prisión.
Hasta la fecha Cubalex y Justicia 11J han reportado la detención de “1377 personas. De ellas, 727 continúan en centros de reclusión, incluidos 70 mujeres y 15 niños, y al menos 361 han sido juzgadas en procesos sumarios u ordinarios”.
