Una brigada médica cubana llegará a Honduras para ayudar a combatir el coronavirus, que ha infectado a 426 personas y causado la muerte de 35 en el país centroamericano, dijo la ministra de Salud, Alba Flores.
La brigada estará integrada por cuatro especialistas en urgencias, dos epidemiólogos, seis enfermeras intensivistas y cuatro técnicos biomédicos, y reavivará la presencia médica de Cuba en Honduras, suspendida hace un año, luego de que Tegucigalpa no renovó un convenio de cooperación con La Habana.
“(La brigada) va a apoyar en los trabajos de contención (de la epidemia)”, dijo Flores en una conferencia de prensa junto al presidente Juan Orlando Hernández, sin precisar la fecha de llegada.
“Estamos viendo que personal de salud se nos está enfermando, personal de salud que está incapacitado, personal de salud que definitivamente tiene que ser sustituido por el cansancio”, agregó.
“Cuba estará colaborando con una brigada especial destinada a la costa norte para apoyar todo el recurso humano de salud de allí”, agregó.
El sistema de salud público de Honduras dispone de unos 4 mil médicos en unos 33 hospitales, incapaces de atender la crisis sanitaria que aflige a la población del país de unos 9.2 millones de habitantes, de los cuales 62 por ciento vive en la pobreza.
Cientos de médicos cubanos han viajado a países como Andorra, Jamaica o Italia para ayudar a combatir el coronavirus, un brote surgido a fines del año pasado en China, que ha dejado más de 2 millones de infectados y 138 mil 482 fallecidos en todo el mundo.
Los primeros médicos cubanos llegaron a Honduras en 1998 cuando el país centroamericano fue devastado por el huracán Mitch, que causó más de 5 mil muertos. Desde entonces, se establecieron convenios de cooperación que incluían también ayuda en educación.
Según dijo la ministra, los médicos llegaría “de forma gratuita”, algo que contravendría las prácticas de La Habana. El régimen contrata el servicio de los médicos para obtener divisas y usualmente se queda con más del 70% del salario que paga el país contratante a los profesionales.
Organizaciones de derechos humanos han calificado esta práctica como de “esclavitud moderna”.
