Como parte de su ofensiva contra “los precios abusivos y especulativos”, excepto los suyos en tiendas recaudadoras de divisas y por concepto de trámites legales y servicios, el régimen cubano sigue suspendiendo las licencias de operación a los trabajadores del sector privado, llamados habitualmente en Cuba cuentapropistas, a modo de eufemismo impuesto por el oficialismo.
Varios de los perjudicados más recientes son de la oriental provincia de Las Tunas, donde supervisores de la Dirección Integral de Inspección en el territorio suspendieron la licencia a 53 trabajadores no estatales por presuntas ilegalidades o violaciones a lo establecido.
Ello, como parte de las 991 acciones de control que los supervisores han realizado en los últimos 15 días para velar por que se cumpla con la política de precios aprobada por el régimen, a partir de las cuales se han impuesto 732 multas.
Según el director de la referida entidad provincial, Juan Miguel Infante Hernández, el enfrentamiento tiene un peso importante en lo educativo-preventivo, ya que además de multas se dejan advertencias por escrito, que establecen plazos para la solución del problema detectado.En declaraciones al oficialista Radio Rebelde, el funcionario del régimen detalló que se han enfrentado 57 ilegalidades, entre ellas las que motivaron suspensiones de licencias a cuentapropistas, y que por el tema de los precios “abusivos” se han aplicado 323 multas.
Lea también
El reporte de Radio Rebelde lamentó que la población no siempre se siente parte del combate a los precios, y como ejemplo citó el caso de los clientes que se ponen de acuerdo con los vendedores de carne de cerdo para comprarla por encima de los 50 pesos establecidos, “obstaculizando el trabajo de los supervisores”.
Sin embargo, no profundizó en la severa escasez que hay de ese y otros alimentos, una realidad que, con base en la inevitable ley de oferta y demanda, conlleva siempre a un alza de precios.
Para el medio oficialista son importantes las quejas ciudadanas referentes al incremento de precios en el sector no estatal, sobre todo en la carne de cerdo y otros productos escasos, mas no aquellas que dan cuenta de las insatisfacciones en torno a los precios en las tiendas del régimen, así como a los incrementos de las tarifas de servicios básicos y trámites legales, y los precios de comedores sociales y otros establecimientos de control estatal como centros gastronómicos, culturales, recreativos, entre otros.
El ordenamiento monetario iniciado el 1 de enero en Cuba, en medio de una crisis de oferta acentuada por el impacto de la pandemia de coronavirus, ha conllevado a una inflación que amenaza con superar lo previsto por los ideólogos del proceso.
Para tratar de compensarla, el régimen ha topado los precios de varios alimentos, muchos de ellos escasos. Persigue a quienes violen lo establecido, pero, luego de reclamos populares, no rebaja en una cuantía suficiente los precios de los servicios y bienes que vende como actor económico fundamental de su sistema.
