Régimen cubano instala cámara frente a casa de Carolina Barrero

“En este momento están cortando los árboles centenarios de mi cuadra para ponerme una cámara”, denunció la opositora e historiadora de arte.
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La historiadora del arte y activista cubana Carolina Barrero denunció este 17 de noviembre la instalación de cámaras de vigilancia frente a su casa, tras ser liberada por las autoridades cubanas.

“En este momento están cortando los árboles centenarios de mi cuadra para ponerme una cámara”, dijo Barrero a través de su cuenta en la red social Facebook.

Barrero, detenida el 15 de noviembre cuando se disponía a participar en la Marcha Cívica por el Cambio, fue puesta en libertad tras ser formalmente acusada de “instigación a delinquir”, informó Radio Martí.

Además, le fue ratificada la sanción de reclusión domiciliaria que ya venía cumpliendo desde hace varios meses sin que mediara juicio previo.

Durante su detención en el Vivac, fue “atendida por la misma instructora que se ocupara del caso del artista visual Hamlet Lavastida”, encerrado tres meses en Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado, y obligado a exiliarse junto a su novia, la artista Katherine Bisquet.

Barrero sufrió un “acto de repudio” el día de su detención, nombre con el que se conoce en Cuba a los pogromos contra opositores políticos orquestados por el Estado y que protagonizan simpatizantes del oficialismo.

En comentarios anteriores la curadora de Arte ha dicho que la Seguridad del Estado funciona “no muy distinto de la forma que tuvieron los aparatos represores de Europa del Este, como si fuese una especie de Stasi tropical”.

Convocada por el grupo Archipiélago, la Marcha Cívica por el Cambio reunió a miles de ciudadanos en un intento frustrado con el objetivo de pedir más libertades y participación política, la liberación de todos los presos de conciencia y un clima general de tolerancia.

Aunque Barrero permanece en reclusión domiciliaria desde hace meses, la cercanía de las protestas del 15 de noviembre desató una ola de arrestos, cercos policiales y chantajes contra los miembros de Archipiélago para evitar manifestaciones callejeras.

Las autoridades vincularon a los promotores con “cabecillas contrarrevolucionarios” de instituciones y congresistas del vecino país que buscan un “cambio de régimen” y una “intervención militar”.