Bárbara Farrat, madre del joven Jonathan Torres, encarcelado por el régimen cubano tras las protestas del 11 de julio, denunció a ADN Cuba que su nieto no pudo recibir el apellido de su padre porque el régimen se lo impidió.
“Su bebé nació el 27 de octubre, pero no pudo ponerle su apellido porque no lo aceptaron las autoridades”, declaró Farrat en comunicación con este medio, quien también reveló que Torres padece una crisis de asma en la cárcel.
El 6 de diciembre Farrat anunció una huelga de hambre y sed para visibilizar el caso de su hijo. “Ya yo hice dos ayunos y nada he logrado hasta el momento, el 11 [de diciembre] haré huelga de hambre y sed”, precisó a ADN Cuba.
“Esta huelga va dirigida al gobierno cubano, para que reconozca que sí tiene presos políticos y menores de edad encarcelados desde julio, que no acepta la libertad de expresión y también va dirigida a los organismos internacionales, para que conozcan las violaciones de derechos humanos en Cuba”, declaró Orlando Torres, padre del menor.
Torres Farrat se encuentra preso desde el 13 de agosto. Ese día fue detenido por oficiales de la Policía Técnica de Investigación (PTI) con el argumento de que aparecía en un video lanzando una piedra a policías.
Con 17 años, Jonathan padece de hipertensión arterial por hipertrofia del ventrículo izquierdo y durante su presidio ha sufrido de otitis. A Jonathan, aún sin petición fiscal, le han negado en seis ocasiones un cambio de medida cautelar desde su detención, precisó a este medio la activista Salomé García.
Unos 14 menores de edad continúan detenidos a raíz de la oleada represiva desplegada por el régimen tras las protestas del 11 de julio, entre ellos Torres Farrat.
Desde esa fecha, agrupaciones defensoras de los derechos humanos de la sociedad civil cubana como Cubalex y Justicia 11J han documentado la detención de 45 menores de 18 años, de los cuales 29 han sido excarcelados, aunque nueve están en espera de juicio con medidas cautelares de libertad bajo fianza o reclusión domiciliaria.
El grupo colaborativo Justicia 11J, dedicado a seguir la situación legal de los reprimidos a raíz de las protestas del 11 de julio, acusa que con estas actuaciones el Estado cubano viola la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados y cartas internacionales de las que es signatario.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó el viernes su preocupación por las detenciones de niñas y niños en Cuba a raíz de las manifestaciones populares e instó al régimen de la isla a proporcionar información al respecto.
