Seguridad del Estado multa y deja sin documentación a Saily González

La activista Saily González contó en una publicación reciente los detalles de su arresto arbitrario de ayer 14 de enero y cómo la Seguridad del Estado le impuso una multa
Saily González
 

Reproduce este artículo

La activista Saily González contó en una publicación reciente los detalles de su arresto arbitrario de ayer 14 de enero y cómo la Seguridad del Estado le impuso una multa y le decomisó su teléfono y sus documentos de identidad.

González salió de su vivienda a entregar los recursos de Habeas Corpus a favor de los familiares detenidos del preso político Andy García Lorenzo. Según narró en un post al salir de su casa fue interceptada por un agente de la Seguridad del Estado acompañado de cuatro mujeres.

Durante la detención arbitraria le arrebataron el teléfono y le impidieron hacer una directa, además el represor usó la fuerza contra ella y le torció la mano derecha. De allí fue trasladada hacia Instrucción Penal en Santa Clara.

Allí la interrogó “la muchacha Claudia de uniforme verde que anotaba cosas sobre mi, cosas sencillas, nada serio: nombre, carnet de identidad, para dónde iba cuando me “detuvieron”, dónde estudié, dónde trabajaban mis padres, cómo me llevaba con ellos… y si estaba de acuerdo con el proceso revolucionario. Esta pregunta era de sí o no, y como que no podía argumentar mi respuesta tuve que responder que no sabía a qué se refería con tal cosa como el proceso revolucionario”, dijo.

“Yamilé”, la oficial que atiende el caso de González,  le comunicó que sería acusada de desacato por escribir en redes el famoso slogan “Dáz-Canel Singao”, “cosa que es posible pero que no recuerdo haber hecho. En cualquier caso no entiendo cómo poner en redes o decir “Diaz Canel Singao” es algo diferente a expresarse libremente”, acotó la también emprendedora.

González dijo los motivos por los cuales fue arrestada y agregó que “ No entiendo entonces cómo de pronto yo estaba en Instrucción Penal acusada de desacato. ¿Desacato a quién? Al gobierno de Cuba que no desea que los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos ni utilicemos los recursos que tenemos para defendernos como ciudadanos ante la arbitrariedad”.

Luego le pidieron a la activista que se desnudara y le entregaron sus pertenencias con excepción de “el teléfono, el disco duro donde llevaba los Habeas Corpus que me dirigía a imprimir para Roxana, Jonatan, Pedro y Yenia, y los earpods para hacerles un peritaje. Pues son esos los artículos que según ella yo uso para delinquir. Esa acta de ocupación de mis artículos personales para investigarlos sí que la firmé”.

“En algunas culturas esto y el hecho de tenerme ahí cinco horas sin tomarme declaración alguna ni interrogarme, acusándome de delitos que no he cometido (y esperen que esto sigue ahora), obligándome a desnudarme, con la entrada y salida constante de unas diez personas diferentes, dejándome sola en el cuarto frío o sala de grabación por largos períodos de tiempo, se llama TORTURA” afirmó.

Más tarde aparecieron dos inspectores del Ministerio de Comunicaciones y afirmaron que la multarían con 3 mil pesos por violar el Decreto Ley 370.

“Voy a aprovechar la visibilidad que seguro va a tener este post para contarles que en estos momentos cada uno de nosotros, excepto Yenia, tenemos una multa de 3,000 pesos por violación de la famosa Ley 370. Jonathan además tiene una multa de 500 pesos por tener un cable de electricidad instalado en su barbería y otra de 1,000 por no querer demolerla. Tanto a Jonathan, Roxana y a mí nos ocuparon los teléfonos y en esto momentos no tenemos cómo comunicarnos por vías propias. Agradeceríamos cualquier ayuda que la sociedad civil cubana (la CIA no, de la CIA no queremos nada) nos pueda ofrecer en este sentido”, concluyó.