El denominado Consejo de Defensa de Villa Clara realizó una reunión esta semana para insistir en la necesidad de no bajar la guardia contra coleros y acaparadores, y enfrentar a los "indisciplinados".
La presidenta del Consejo de Defensa Provincial (CDP), Yudí Rodríguez Hernández, ordenó a los grupos de trabajo que integran esa instancia castrista ser más enérgicos en la organización y control de las colas, según un artículo publicado este 19 de agosto por el periódico estatal Vanguardia en su página web.
Especial significación le dieron en la reunión a un supuesto grupo de mujeres que fingen estar embarazadas para tener prioridad en las colas.
"Yudí Rodríguez Hernández llamó la atención sobre la estratagema de algunas ciudadanas que se hacen pasar por embarazadas con el fin de tener prioridad a la hora de pasar en las colas, asunto del cual se supo por denuncias de la población" precisó el Vanguardia.
La funcionaria señaló que no deben permitirse tales comportamientos, "por lo que exigió a los grupos de trabajo en las tiendas y puntos de venta a extremar las medidas con esas personas inescrupulosas". Al respecto indicó pedirle los documentos a toda la que alegue encontrarse embarazada y comprobar así la veracidad o no de su estado.
En la reunión también se refirieron a lo que denominaron "mal uso de las tarjetas en las tiendas en Moneda Libremente Convertibles (MLC)". Lisnay María Medero Torres, fiscal jefe provincial de Villa Clara, dijo que constituye un delito el hecho de que varias personas compren con una misma tarjeta de MLC.
Las autoridades del régimen han alertado en días recientes "que donde ocurra un hecho de esa índole intervengan las fuerzas del Ministerio del Interior, ya que mediante esa operación se encubre el tráfico ilegal de divisas".
"En ninguna tienda eso se puede permitir. Cuando se advierte que un ciudadano viene con una tarjeta con la intención de comprar productos para varias personas a la vez, no se le puede aceptar y se debe dar cuenta de inmediato al Minint. Claro, cada caso hay que individualizarlo, porque hay personas que vienen con un familiar, lo cual es válido, pero no es de lo que hablamos ahora", dijo.
Según Medero Torres, situaciones como esta han ocurrido "con mayor envergadura en La Habana y Santiago de Cuba, y el delito de tráfico ilegal de divisa tiene un marco sancionador de 4 a 10 años de privación de libertad".
