Hace algunos meses el presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció el inicio de la llamada Tarea Ordenamiento, como parte de la medidas económicas con las que el castrismo intenta paliar la profunda crisis económica que prevalece en el país. Desde entonces, el régimen mantiene un accionar represivo contra los cuentapropistas y productores independientes, intentando topar sus precios mientras los del Estado cumplen con otros indicadores.
En la isla totalitaria, solo el régimen puede ganar. Para ser más precisos, las arcas de la cúpula gobernante deben seguir llenándose mientras el pueblo cada vez sufre más miseria y desabastecimiento.
Según un artículo publicado este 26 de diciembre por el oficialista periódico Granma en su página web, "la Tarea Ordenamiento incluye la regulación de los precios de los productos agrícolas", algo que sin dudas afectará el desarrollo normal de la dinámica de oferta y demanda, y como tal, redundará en desánimo de los productores en las labores agrícolas, dando como resultado un agravamiento en la compleja situación alimentaria que se vive en la isla.
Explica Granma, que "el proceso de ordenamiento monetario y cambiario que lleva adelante el país pasa también por el tratamiento que, en lo adelante, se les dará a los precios de los productos agropecuarios".
Lo anterior está plasmado en la Resolución No. 312-2020 del Ministerio de Finanzas y Precios, la cual establece:
"Los precios máximos de acopio de los productos agropecuarios, en el campo o almacén del productor, que son objeto de contratos entre las entidades estatales y los productores agropecuarios".
"Los precios máximos de compra de los productos agropecuarios que son objeto de contratos entre las entidades estatales acopiadoras y los productores agropecuarios en los establecimientos de las entidades del municipio de residencia legal del productor".
"Los precios máximos de compra de los productos agropecuarios que son objeto de contratos entre las entidades estatales acopiadoras y la empresa provincial de La Habana en los puntos de recepción convenidos".
"Los precios máximos de compra en los establecimientos de las entidades del consumo social y para las que realizan la comercialización minorista (venta a la población), de los productos agropecuarios que son objeto de contratos".
A esto hay que añadir, que "los precios máximos aprobados en la norma jurídica se corresponden con los productos de primera calidad. Para formar los de segunda calidad, según la normativa, se aplica un descuento del 15 % del precio de primera calidad".
Asimismo, el valor de los productos con calidad fuera de la norma, se fijará con un 10 % inferior al de la segunda calidad.
Según la Resolución, publicada en la Gaceta Oficial No. 70 Extraordinaria, los nuevos precios son tanto para las entidades estatales como para las no estatales que participan en la comercialización.
