Tres menores de edad, de entre 12 y 13 años, continúan "bajo custodia" de las autoridades en la provincia Matanzas tras participar en las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio de 2021, informó la activista Salomé García Bacallao.
Eric Yoangel Héctor Plaza (12 años), Michael Miranda Vega (13) y Llenson Ensos Rizos Cabrera siguen bajo custodia del Ministerio del Interior (Minint) en la Escuela de Formación Integral y les quieren poner una sanción extra de seis meses de limitación a su libertad, precisó García en Twitter.
“Como son menores de 16 años no tuvieron ni siquiera derecho a juicio, pero en el juicio de Daniel Joel Cárdenas se demostró que no había evidencias de que ellos tiraran piedras. Además, quedó registrado que los interrogaron bajo coacción al menos 3 veces”, agregó.
Los menores están acusados de apedrear el hospital Julio M. Aristegui, algo que desmintieron residentes en la zona y trabajadores del hospital. Durante el juicio a Cárdenas no se presentaron testigos del supuesto ataque contra la instalación, y a pesar de esto fue condenado a 15 años de cárcel.
Los menores, por su parte, sufrieron una sanción de internamiento de un año bajo custodia del Minint. Bacallao aseguró que no se habían divulgado sus nombres hasta el momento para protegerlos a ellos y su familia.
Estos jóvenes forman parte de los más de mil presos políticos que se encuentran registrados actualmente en Cuba, según el último informe de Prisoners Defenders.
La organización precisó que, del total de los 1 046 prisioneros políticos que hay en la isla, 901 corresponden a las protestas del 11 de julio (11), un total en el que se encuentran registrados 37 menores de edad.
Según la organización, 901 personas permanecen recluidas por dichas protestas, mientras que en el último año han pasado por las cárceles del país unos 1236 presos políticos.
En términos generales, de los 726 presos que tienen sentencia, 246 han recibido penas superiores a los diez años de prisión.
Cuba ocupa el quinto lugar mundial en población penal por cada 100 000 habitantes, según una escala del Institute for Crime & Justice Policy Research (ICPR, siglas en inglés), elaborado en la Universidad de Londres, Reino Unido.
