La Fiscalía de Cuba solicitó una rebaja de las condenas a seis menores de edad que están siendo juzgados por su participación en las protestas populares del 11 de julio en La Habana, informó este 3 de febrero Radio Martí.
Brandon David Becerra Curbelo, con petición inicial de 18 años, recibiría ahora una condena de cinco años de trabajo correccional sin internamiento. Rowland Castillo Castro, para quien pedían 23 años de cárcel, recibió una condena de 12 años.
“Inicialmente le habían rebajado a ocho años de cárcel, y ayer durante la vista oral el abogado salió en defensa de Brandon y pudo decir muchas cosas, logrando que le bajaran a cinco años de prisión domiciliara con trabajo”, explicó Yudinela de la Caridad Castro Pérez, madre de Rowland.
A Kendry Miranda Cárdenas, con petición original de 20 años, y Lázaro Noel Urgelles Fajardo, a quien le pedían 13 años, les disminuyeron las sentencias a 10 años de prisión. Giuseppe Belaunzarán Guada, con petición de 13 años y Nayn Luis Marcos Molinet, con 17 años, fueron sentenciados a ocho años de prisión.
El grupo Justicia11 informó en sus redes sociales que durante los días comprendidos entre el 31 de enero y el 7 de febrero tendrá lugar en el Tribunal Provincial de La Habana, el juicio a los manifestantes de Toyo. Otras 27 personas serán juzgadas, además de los seis menores.
La organización independiente ha registrado un total de 50 personas entre 16 y 20 años acusadas de sedición, para un 29% del total de acusaciones por este delito, que suman 169.
Unos 48 menores de 18 años han sido confirmados entre los detenidos desde el 11J, de los cuales 15 continúan en establecimientos penitenciarios, según Justicia 11J.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó preocupación por las detenciones de menores, e instó al régimen a proporcionar información verificada al respecto.
“En todo el mundo, poner fin a la detención de niños y niñas es fundamental, incluso mediante reformas legales para elevar la edad de responsabilidad penal”, agregó la Unicef.
Laritza Diversent, directora de Cubalex, declaró en una entrevista en video a ADN Cuba que estos procesos son “de los más preocupantes que hemos visto tras las protestas del 11J, porque la sedición es un delito contra la Seguridad del Estado”.
