El preso político Randy Arteaga denunció este 22 de noviembre a Radio Martí que las autoridades de la prisión La Pendiente, en Villa Clara, violan la regla de dar a los reclusos conocimiento sobre sus deberes y derechos en la cárcel.
“Mi hijo me cuenta que no tienen acceso a las regulaciones del penal, no informan debidamente cuáles son los castigos para las indisciplinas o cuáles son los beneficios a los que tienen derecho”, relató su madre, Aleida Rivera, al citado medio.
El reglamento de cárceles y prisiones puesto en vigor en diciembre de 2016 instituye que los reclusos tienen derecho a tener acceso permanente a la información escrita sobre la reglamentación interna del penal y en especial sobre su situación legal y lo relacionado con los derechos, beneficios, obligaciones y prohibiciones establecidas.
Las normas también reconocen a los internos el derecho a recibir alimentación adecuada, vestuario, asistencia médica y estomatológica.
“Dice que la comida es poca, mal elaborada y tiene bichos pero que hay que cerrar los ojos y comérsela porque si no te mueres de hambre. El agua para beber está sucia y probablemente contaminada”, agregó la madre.
La Fiscalía solicitó el 2 de noviembre 7 años de cárcel para Arteaga, quien se encuentra en prisión preventiva tras las protestas del 11 de julio.
El rapero villaclareño ha recibido tres visitas de su madre, y aunque ya cuenta con abogado, aún no hay fecha de juicio. Primero estuvo en Instrucción Penal y el 26 de julio lo trasladaron para la cárcel La Pendiente.
Un video difundido en redes sociales evidencia que el joven se encontraba protestando pacíficamente, por lo cual no habría motivos para su arresto. Sin embargo, fue detenido violentamente por agentes de la Seguridad del Estado y policías.
En febrero de este año, Arteaga Rivera estrenó la canción "Basta", contra el racismo y la discriminación en la Isla.
Desde inicios de octubre, el sistema judicial cubano comenzó a imponer sanciones a varios prisioneros, por delitos como “desacato”, “instigación a delinquir” y “desorden público”.
"Las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos”, indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
