La jefatura de la cárcel de mujeres de El Guatao, en La Habana, prohibió a las prisioneras políticas y hermanas María Cristina y Angélica Garrido recibir visitas conjuntas de sus familiares, informó este 4 de enero Radio Martí.
Ambas mujeres acusan a las autoridades del penal de entorpecer sospechosamente la comunicación con su familia e intentar dividirlas, aunque aseguraron que no lo lograrán, dijo al citado medio Michael Valladeres, esposo de María Cristina.
Las hermanas Garrido enfrentan peticiones fiscales de 10 y 15 años de cárcel por unirse al levantamiento popular en Cuba del 11 de julio en su municipio, Quivicán, de la provincia Mayabeque. Además, se las acusa de ser las organizadoras de las protestas antigubernamentales allí.
En octubre, la jefatura de la Prisión de Mujeres de Occidente, nombre oficial de la cárcel de El Guatao, ya había utilizado el pretexto de posibles contagios de coronavirus para impedir la comunicación de las hermanas Garrido con su familia.
María Cristina fue puesta en celda de castigo en diciembre junto a las prisioneras políticas Lizandra Góngora y Gloria María Pérez Valle por exigir que las autoridades enviaran sus cartas fuera de la cárcel a la familia.
Durante su detención el 12 de julio, María Cristina fue golpeada y estuvo horas sin sentarse en una celda en “La prisión del Sida”, un antiguo reclusorio para personas con esa enfermedad en San José de las Lajas, donde terminaron cientos de manifestantes del 11J de Artemisa y Mayabeque.
El caso de las hermanas alcanzó notoriedad internacional cuando el prestigioso diario estadounidense The Washington Post entrevistó a Valladares, quien contó que los testigos de la detención de ambas dijeron que las "mujeres fueron golpeadas por agentes de policía durante el arresto".
En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la abogada Laritza Diversente dijo que durante los arrestos tras el levantamiento popular las comunidades más afectadas fueron las mujeres, niños, afrodescendientes e integrantes de la comunidad LGBTIQ+.
Al día de hoy, cientos de manifestantes continúan presos en Cuba. Entre ellos, más de 300 han recibido peticiones fiscales que llegan hasta los 30 años de cárcel en juicios que comenzaron en octubre, según información recopilada por la organización de asesoramiento legal Cubalex.
