Cruz García Domínguez y Mario Josué Prieto, condenados la víspera en Holguín por participar en las protestas del 11 de julio, se declararon este 15 de febrero en huelga de hambre, informó Radio Martí.
“Sobre las seis de la tarde recibí una llamada de la prisión provisional de Holguín para decirme que mi padre se había declarado en huelga de hambre, él siempre lo dijo desde que lo detuvieron, que él no pagaría una condena por algo que no hizo”, declaró al citado medio Mailín Rodríguez, hija de Cruz.
Agregó que en los próximos días se sumará a la protesta su esposo, el cuentapropista Yosvany Rosell, condenado a 20 años de cárcel por el delito de sedición en el mismo proceso judicial.
Rodríguez e Idelsi Pupo, la madre de Mario Josué, señalaron que en el tribunal de Holguín hubo violencia cuando los familiares protestaron por las sentencias y la detención inmediata de algunos de los condenados.
“En el tribunal, una madre se desmayó porque no le dejaron ni darle un beso a su hijo, que fue detenido inmediatamente”, contó Pupo.
“Allí entregaron la sentencia a los que se encontraban en la calle y a los familiares de los que estaban presos, eso fue desastroso, hubo arrestos y todo tipo de abusos por parte de la policía, padres dando gritos y madres desmayadas, tiradas en el piso”, describió Mailín.
El Tribunal Provincial de Holguín dictó sentencias de hasta 20 años de privación de libertad por el delito de sedición contra 20 personas, entre ellas Yosvany Rosell y Miguel Cabrera Rojas, quienes recibieron las penas más largas.
Las sanciones contra el resto de los condenados, entre los cuales hay cinco menores de edad, oscilan entre 5 y 18 años de cárcel.
Desde octubre, las autoridades cubanas comenzaron a imponer sanciones a personas encarceladas tras el levantamiento popular del verano de 2021 con penas que oscilan entre pocos meses y 20 años de cárcel.
Cubalex cifra en 1377 las personas detenidas en a raíz de esas protestas. De ellas, al menos 727 permanecen en prisión, incluidos 15 menores de 18 años.
La Físcalía General de la República, tras más de seis meses de silencio sobre los procesos a los manifestantes, aclaró que 790 de ellos están en la cárcel con medida cautelar de prisión provisional.
Unos 55 procesados tienen entre 16 y 18 años, por lo que, según la Convención sobre los Derechos del Niño, son menores de edad. De ellos, 28 fueron “asegurados” con la medida cautelar de prisión provisional.
Asimismo, 60 acusados tienen entre 19 y 20 años, y 41 se encuentran en prisión provisional. Hasta la fecha, el régimen de La Habana reconoce haber realizado 84 juicios contra presos políticos del 11J, en los que han sido sancionados 172 acusados.
