Ley de Amnistía en Cuba buscará firmas para beneficiar a presos políticos

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba intentará recoger 10 000 firmas para este proyecto, bajo el mismo principio que utilizó el Proyecto Varela de Oswaldo Payá.
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El Consejo para la Transición Democrática en Cuba recogerá firmas para avalar una ley de Amnistía, que beneficiaría a cientos de presos políticos, informó este 8 de diciembre la organización en una nota que llegó a ADN Cuba.

Bajo el nombre No más, la recogida de firmas se ampara en el artículo 164, inciso k, de la Constitución de 2019, que permite a los ciudadanos proponer leyes si al menos 10 000 electores registrados presentan sus firmas a favor de la propuesta.

El proyecto también busca apoyo para beneficiar a los ciudadanos encarcelados por la figura de “peligrosidad predelictiva”, “una presunción que se pone por encima de la noción moderna del derecho: la que presume la inocencia antes de la condena por delitos ciertos y probados”, aclara el texto. 

“Devolver a Cuba a las naciones civilizadas”, aclaró el documento, “pasa por el despoblamiento de sus cárceles y por la sintonía del Código Penal con los derechos constitucionales, con la Carta Internacional de los Derechos Humanos y con el Derecho Humanitario Internacional”.  

Según datos de Civil Rights Defenders y Prisoners Defenders, Cuba tiene la mayor población penal del mundo en relación a su cantidad de habitantes, con unos 90 000 reos en enero de 2020.

Las últimas cifras oficiales, publicadas en el 2012 por el régimen cubano en su periódico Granma, reconocieron la existencia de 57 336 reclusos. Ese número es el que se mantiene en la página web del Institute for Criminal Policy Research (ICPR), a falta de una actualización en la última década.

No obstante, aun tomado de referencia esa información, Cuba estaría situada en el sexto puesto a escala mundial en cuanto a población penal, un lugar desproporcionado para la isla.

Tras las protestas del 11 de julio de 2021, miles de cubanos fueron encarcelados y otros cientos, juzgados bajo las figuras de “sedición”, “desacato”, “instigación a delinquir” entre otras. Desde octubre, la Fiscalía comenzó a exigir sanciones y se celebraron los juicios. Las penas oscilan entre pocos meses y más de 20 años de cárcel.

Hasta la fecha, organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil independiente en Cuba han documentado 1283 personas detenidas a raíz de las manifestaciones del 11 de julio. De ellas, al menos 540 continúan en prisión y otras 42 han sido condenadas en procedimientos sumarios.

 

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